Con ocasión del estado de alarma decretado en marzo pasado, el Gobierno adoptó algunas medidas para paliar los efectos perversos de la crisis, como la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables o la prórroga de los alquileres de vivienda que debían terminar durante el estado de alarma y en los meses posteriores. Otras medidas afectaron a alquileres de vivienda contratados con personas jurídicas o con grandes tenedores de inmuebles, con vistas a la condonación de rentas o al aplazamiento de su pago. Pero los alquileres concertados con pequeños arrendadores particulares o muchos otros alquileres distintos de vivienda no fueron objeto de regulación y las partes se han visto obligadas a buscar soluciones de urgencia. Es el caso de los locales, los alquileres de temporada o de habitaciones, por ejemplo.