Competencias autonómicas
Al estar cedido a las comunidades autónomas, el Impuesto de Patrimonio (IP) – un tributo que grava la simple posesión de bienes y derechos por valor superior a 2 millones de euros y los de aquellos que superan un mínimo exento, fijado de forma general en 700.000 euros sin contar la vivienda habitual (hasta 300.000) – es un claro ejemplo de desigualdad fiscal.
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