Un Tribunal de Milán ha puesto bajo “administración judicial” a la italiana Banca Progetto al haber concedido préstamos a empresas vinculadas con la mafia calabresa; algo que va contra la legislación de blanqueo de capitales italiana. La “administración judicial” es una figura jurídica que tiene como objetivo depurar los elementos infiltrados en casos de infiltración criminal. Tiene carácter preventivo y no punitivo, es decir, no prevé confiscaciones. La administración judicial puede realizar sus actuaciones durante un periodo no superior a un año, aunque puede prorrogarse por un total de dos.