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La Agència Catalana del Consum incoa expediente a Danone por Activia
16 ene. 2015El expediente podría concluir en una sanción a la compañía, que desde OCU consideramos más que justificada. Según su publicidad, tomando a diario Activia se ayuda a regular el tránsito intestinal; pero no hay nada detrás de esa afirmación. De hecho, la EFSA, Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, no ha autorizado esta alegación. Por tanto, la promesa de Activia o la de Actimel, que promete reforzar nuestras defensas, está aún sin avalar. En realidad, lo único que puede usar Danone en la publicidad o envases de Actimel son etiquetas genéricas sobre las vitaminas o minerales que incorpore. Actimel es una leche fermentada entre cuyos ingredientes se encuentra un microorganismo (el Lactobacillus casei inmunitass), exclusivo de Danone. Este probiótico en realidad es equiparable a cualquier yogur del mercado, si bien tiene un precio muy superior. Y desde un punto de vista estrictamente nutricional, serían necesarios tres botecitos para alcanzar un simple vaso de leche. Una campaña publicitaria bien orquestada, un eslogan repetido durante mucho tiempo y algún testimonio; eso es todo lo que ha hecho falta para convencer a muchos de las bondades de un producto, aunque las autoridades científicas no lo avalen. La relación entre la alimentación y salud no depende nunca de un único alimento sino de una dieta equilibrada y variada, a la que conviene añadir un adecuado ejercicio físico continuado. Por lo tanto, volviendo al eslogan inicial de Danone sobre las bondades de Actimel, frente una bajada de defensas debido a la falta de sueño, el estrés, el trabajo, las tareas de casa o los intentos por llegar a todo, la solución es comer bien, parar, delegar y dormir. Nos alegramos de que las autoridades investiguen estos casos y esperamos la diligencia debida en otros procedimientos en los que OCU ha presentado denuncias (por ejemplo, no está demostrado científicamente que la soja baje el colesterol ni que los bífidus refuercen las defensas); OCU defiende que exista una uniformidad de criterios a la hora de aplicar la legislación en todos los productos que no avalen científicamente sus supuestos resultados.