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Derechos del consumidor

Tasa Google: un error que va a costar tiempo y dinero

16 oct. 2014

Incluida dentro de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la nueva tasa que los editores quieren cobrar a los agregadores de noticias choca claramente con el derecho de información. 

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El Senado aprobó ayer el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, un texto en el que se incluye la llamada Tasa Google o canon AEDE, por las siglas de la asociación que la ha impulsado (Asociación de Editores de Diarios Españoles). Esta tasa pretende que Google u otros agregadores como Menéame, incluso páginas como Facebook o Twitter, paguen a los editores por enlazar a sus propios contenidos, unos contenidos que por cierto, ofrecen de manera gratuita en sus webs.

La reacción no se ha hecho esperar y Google ha hecho saber que se está pensando muy seriamente cerrar su servicio de Google News, lo que nos situaría como el único país democrático del mundo en el que Google cierra este servicio.

Puede que las críticas de Google sean las de la parte interesada, pero es que no son las únicas. La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia también ha criticado el canon por entender que supone un obstáculo a quienes quieran entrar en el mercado de los agregadores de contenidos, además de recordar que los editores ya cuentan con la posibilidad técnica de evitar que sus contenidos sean agregados si así lo quieren. Además el organismo regulador ha mostrado sus dudas ante el hecho de que sea Cedro, la asociación que gestiona los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores y editores, la encargada de cobrar el canon.

Para OCU, se trata de una medida equivocada, no sólo porque afectará a los propios medios de comunicación que verían caer sus ingresos por publicidad al reducirse el trafico redirigido desde los agregadores, sino también porque es negativo para el consumidor, que verá afectado el derecho de información que recoge la constitución y que se va a ver obligado de forma injustificada a invertir más tiempo a la hora de buscar estos contenidos, algo que tendría un coste superior a los 1.130 millones de euros anuales según los cálculos que ha hecho Analistas Financieros Internacionales.