OCU, cofundadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o la Comisión Legal Sol; de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); por medios como eldiario.es, 20minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación; y profesionales como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Carlos Sánchez Almeida o Stéphane M. Grueso, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) surge por la preocupación ante las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España.

A juicio de los promotores de la PDLI, “reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son,  ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales”.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también nace para frenar los ataques a la libertad de expresión de movimientos sociales (tanto los más institucionalizados, como las organizaciones de consumidores o juristas, como los del nuevo activismo en red) y activistas.

En particular, la PDLI denuncia los intentos de frenar el desarrollo de nuevas formas de protesta que se apoyan, en gran medida en la libertad de información que, en particular, permite Internet, a través de iniciativas que llegan a vulnerar derechos fundamentales.