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Derechos del consumidor

OCU alerta de los riesgos de la nueva Directiva de Secretos Comerciales

31 may. 2016
El pasado 17 de mayo el Consejo de la Unión Europea dio luz verde a la nueva Directiva sobre Secretos Comerciales aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de abril, una directiva que permitirá a las empresas declarar confidencial prácticamente cualquier información que consideren importante. 

Esta directiva, concebida y diseñada por las principales compañías europeas, tal y como demostró en su día la Oficina de Periodistas de Investigación, busca la protección de sus secretos comerciales frente a cualquier adquisición, uso o revelación ilegal.

Para ello en la directiva se establece una definición muy amplia de lo que se considera secreto comercial, abriendo así la puerta a que las empresas declaren cualquier información como secreta. De esta manera las empresas podrían sortear su obligación de revelar determinada información de interés público, afectando así de forma muy negativa a aspectos claves para la protección a los consumidores.

Un ejemplo de algunos sectores que podrían verse afectados por esta directiva es el de la seguridad alimentaria. En este caso las empresas podrían alegar secreto comercial ante las autoridades europeas de seguridad alimentaria para no proporcionar la información que se les reclama para comprobar que sus productos no suponen ningún riesgo para la salud de los consumidores. De la misma forma podría suceder con casos de medioambiente o sanidad, pues la directiva permitirá a las empresas no revelar información sobre productos peligrosos como químicos en plásticos o en la ropa o sobre los productos usados para el fracking.

Por otro lado, esta directiva podría tener además un efecto paralizante en los reguladores europeos, quienes ante la posibilidad de ser llevados a los tribunales por las empresas, podrían adoptar una postura poco ambiciosa en cuanto a sus obligaciones de recabar información.

Para OCU, la aprobación de esta directiva muestra de nuevo la escasa sensibilidad de las autoridades europeas hacia los intereses y derechos de los consumidores y una alta permeabilidad ante las demandas de las empresas.