OCU reclama mayor control y sanciones para las infracciones de empresas auditoras

Los responsables legales de Deloitte declararán hoy ante el juez como investigados por supuestas irregularidades y falta de diligencia en la auditoría de las cuentas de Bankia cuando ésta salió a bolsa en 2011, estas supuestas infracciones habrían sido detectadas por peritos del Banco de España.

Lamentablemente esta noticia se suma ya a una larga lista de casos como Pescanova, Enron o Gowex donde sus accionistas resultaron gravemente perjudicados cuando se hizo pública la situación económica de dichas empresas, la responsabilidad en opinión de OCU recae por supuesto en los responsables que elaboraron dichas cuentas pero también en aquellos que las auditaron y aquellos que por acción u omisión les otorgaron veracidad a las mismas.  En opinión de  OCU los inversores andarían con pies más cautos  si no fuera porque existe un sistema garantista que otorga verosimilitud a la información financiera proporcionada por las empresas cotizadas. Este sistema cuenta con dos protagonistas:

• Los supervisores del mercado. En España son la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la DGS (Dirección General de Seguros) y el BdE (Banco de España). Donde por desgracia salvo en honrosas excepciones, su actuación en la práctica es más similar a un registro de documentos que a un encargado de velar por lalimpieza de los mismos como podría esperar el consumidor.

• Los auditores. Deberían ser los principales garantes de la autenticidad de la información financiera que luego se hará pública. Su trabajo es supervisar dichas cuentas y una de dos: o bien rechazar las que no reflejen la imagen fiel de la compañía o bien darles el visto bueno como cuentas “limpias” con alguna observación o salvedad.  Es importante señalar que no cualquiera puede ser auditor, deben acreditar formación teórica y práctica sometiéndose al examen del ICAC así como depositar una fianza o tener un seguro de responsabilidad civil que cubra su actuación.

Con los casos que han salido a la luz en los últimos años la desconfianza hacia la figura del auditor ha aumentado y por desgracia a pesar la revisión de la Ley de Auditoría donde se establecían nuevas limitaciones de honorarios, duración de los contratos o participación de familiares por ejemplo no han servido para corregir la situación.

En opinión de OCU estas medidas han resultado ser claramente insuficientes y se deben de exigir mayores controles y mayor poder sancionador por parte de los organismos competentes, como serían en este caso la CNMV y el ICAC.

OCU también ha pedido la opinión de los inversores ante las auditoras. Los resultados de la encuesta realizada por OCU a sus socios donde se evaluaba a quien elegirán para realizar la auditoría de su fondo de inversión son un claro reflejo de la opinión de los consumidores afectados lógicamente por los ejemplos aparecidos en los medios . El 74% del total se decantó por que ningún auditor lo hiciera y fuera la CNMV quien auditara las cuentas. La segunda opción más votada, con un 15% del total, fue elegir la auditoría más barata.