La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera positivo que el Gobierno impulse nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, aunque recuerda que el problema tiene un origen estructural vinculado a la escasez de oferta, especialmente en las grandes ciudades, y al reducido parque público de alquiler.

El Real Decreto-ley 26/2026, en vigor desde el 1 de octubre, introduce cambios relevantes en el mercado residencial, incluyendo nuevas reglas para el alquiler, incentivos fiscales, medidas para fomentar la vivienda asequible y mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda. OCU valora especialmente el impulso al parque público de alquiler, la movilización de viviendas vacías mediante incentivos, el refuerzo de la protección de los consumidores y las medidas dirigidas a evitar usos fraudulentos del alquiler de temporada.

Sin embargo, la organización subraya que ninguna medida aislada resolverá por sí sola el déficit de vivienda existente, por lo que reclama una estrategia estable y de largo plazo que combine más oferta residencial y una mayor protección para los colectivos con dificultades de acceso.

La principal preocupación de OCU se centra en el Real Decreto-ley 27/2026, aprobado un día después, que modifica aspectos esenciales de la duración de los contratos de alquiler. Aunque reconoce que el objetivo de reforzar la estabilidad residencial de los inquilinos es legítimo y socialmente relevante, considera discutible tanto la urgencia de la reforma como su aplicación a contratos ya vigentes.

Según OCU, si los propietarios perciben mayores dificultades o costes para recuperar una vivienda, algunos podrían optar por vender el inmueble, retirarlo del mercado o endurecer las condiciones exigidas a futuros inquilinos. Esto podría traducirse en una reducción de la oferta de alquiler y dificultar el acceso a quienes buscan vivienda.

Qué reclama OCU

Si el Congreso convalida finalmente una o ambas normas, es imprescindible acompañarlas de una política de vivienda más amplia y coherente que incluya:

- Un aumento sostenido del parque público de alquiler asequible.

- La movilización de viviendas vacías o infrautilizadas mediante incentivos, garantías de cobro y programas de rehabilitación.

- Mayor seguridad jurídica para los arrendadores particulares frente a impagos, daños o incumplimientos graves.

- Procedimientos ágiles de mediación y resolución de conflictos.

- Evaluaciones periódicas del impacto de las nuevas medidas sobre la oferta de alquiler, el número de contratos y su duración efectiva.

- Y una mayor estabilidad regulatoria que evite cambios continuos en contratos ya vigentes sin una evaluación previa de sus consecuencias.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras organizaciones de consumidores miembros de Euroconsumers y una red de laboratorios certificados, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan más de 160.000 socios activos y 1.590.000 simpatizantes.

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