Con el fin de valorar el estado de las residencias de mayores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha preguntado a una muestra representativa de familiares cercanos al ingresado por su satisfacción con los servicios ofrecidos. Y los resultados no son demasiado buenos, tratándose de un servicio de atención integral a personas vulnerables: aunque las residencias privadas obtienen una valoración ligeramente superior (69 sobre 100), no hay mucha diferencia con las concertadas y las públicas (un 67 y 65 sobre 100 respectivamente).

La escasez de personal durante la noche y en festivos o fines de semana es el principal problema, lo que se traduce en falta de atención sobre la salud del residente, falta de ayuda para asesarse o comer, fallos de seguridad y conflictos personales entre los residentes, según apuntan los familiares. La falta de ayuda psicológica es otro problema común: el 36% de los mayores no dispone de un psicólogo ni siquiera una vez por semana. Como también lo es el sobrecoste de los servicios extra (podólogo, fisioterapeuta, peluquería), que suponen otros 110 euros de media sobre la cuota mensual, encareciendo aún más la factura.

Y la cuota mensual no es precisamente baja: 2.040 euros al mes para las residencias privadas, casi el doble que para una pública (1.188 €/mes), pero no mucho más que las concertadas (1.689 €/mes). Si bien estas últimas reciben financiación pública para algunas plazas y el residente solo paga un porcentaje de su pensión según sus ingresos, lo mismo que en las residencias públicas. En cualquier caso, la mitad de los encuestados indican que los ingresos regulares de los residentes no bastan para afrontar las cuotas y deben completarlas con los ahorros o con ayudas de familiares.

El precio sin duda condiciona la elección del centro, pero la proximidad al domicilio familiar es incluso más importante para los encuestados. En este caso sorprende la amplia distancia indicada: 10 kilómetros de media. Un dato que apunta a la escasez de plazas, al menos para entrar en una residencia pública, donde el tiempo media de espera alcanza los 225 días de media (¡más de 7 meses!); y 162 días para una residencia concertada. Un hecho que obliga a las familias que no pueden afrontar el coste temporal de una residencia privada a atender personalmente a sus mayores dependientes en su propia casa las 24 horas del día.

Porque hablamos de personas dependientes: el perfil del residente es el de una persona que ingresó con 83 años por un problema de salud, principalmente una discapacidad física (53%), un deterioro cognitivo leve (43%), demencia (33%), depresión (29%) y/o Alzheimer (27%). Por cierto, quienes fallecieron allí, lo hicieron casi cuatro años después de su ingreso.

OCU urge a la administraciones locales y autonómicas a incrementar la oferta de residencias, pero también a aumentar las inspecciones para garantizar la calidad del servicio que ofrecen a los residentes, una calidad distante de los estándares que deberían acompañar a un servicio de atención integral a personas vulnerables. Especialmente en las dos comunidades autónomas donde se han registrado lo peores resultados en satisfacción, como son Madrid y Cataluña, siete puntos por debajo de los que obtienen otras regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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