Las instituciones europeas han vuelo a solicitar a España y otros estados con tarifas eléctricas reguladas una hoja de ruta para ponerles fin y transitar a un mercado de tarifas libres que impulse la competencia. Sin embargo, en un contexto como el actual, con tarifas eléctricas difíciles de comparar, a veces incluso ocultas, y condiciones comerciales que cambian con demasiada frecuencia, la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) sigue siendo esencial como índice de referencia y mecanismo de protección para ocho millones de suministros que representan al 29% de los hogares, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios.

Aunque el mercado libre ofrece las tarifas más baratas, actualmente la mayoría son bastante más caras que la tarifa regulada. Por ejemplo, frente a un coste de 708 €/año que tiene la tarifa regulada PVPC para un hogar un hogar con 4,6 kW de potencia y un consumo anual de 3.500 kWh, la mejor tarifa libre suma 659 €/año y la peor 1.027 €/año. Es decir, la diferencia entre la mejor y la peor tarifa, ambas libres, es de 368 euros al año.

Se trata de diferencias de precio llamativas entre tarifas libres para un mismo consumo, que según OCU reflejan la complejidad de sus respectivas condiciones y servicios. Acceder a las mejores tarifas libres no solo exige distinguir entre tarifas fijas y variables, también es preciso leer detenidamente las cláusulas de los contratos, valorar servicios adicionales, entender de potencias y consumo… así como mantenerse atento a las revisiones del precio y a los descuentos temporales para cambiar de compañía cuando su oferta deje de ser competitiva. Una dinámica que no está al alcance de la mayoría de los consumidores.

Defender el mantenimiento de la tarifa regulada PVPC no implica rechazar la competencia ni el mercado libre. OCU considera positivo que existan ofertas innovadoras, pero recuerda que la competencia solo beneficia al consumidor si este puede elegir en condiciones reales de transparencia. Así, mientras no se garantice claridad en las ofertas libres, eliminar la tarifa regulada expone a sus 8 millones de clientes a un encarecimiento del 15% de su factura, que es el sobrecoste medio del mercado liberalizado.

Además, la tarifa regulada PVPC desempeña un papel clave en situaciones de crisis energética, ya que permite aplicar con rapidez medidas regulatorias y fiscales, y sirve como referencia común para evaluar el funcionamiento del mercado. A ello se suma que el bono social eléctrico está vinculado a esta tarifa. Limitar el PVPC únicamente a consumidores vulnerables dejaría fuera a millones de hogares que, sin cumplir los requisitos del bono, también tienen dificultades reales para desenvolverse en el mercado libre.

Por último, OCU advierte que la tarifa regulada, pese a ser dinámica, es menos volátil de lo que podría pensarse. Desde la reforma introducida en 2024, esta tarifa ya no depende exclusivamente del mercado diario, sino que incorpora precios de los mercados a plazo con el objetivo de reducir la volatilidad. En 2026, el peso de estos mercados a plazo alcanza ya el 55%, frente al 45% del mercado diario e intradiario, lo que ha suavizado las oscilaciones extremas que caracterizaban al antiguo PVPC.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos. 

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