La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera insuficiente el alcance del Real Decreto‑ley 2/2026 y el nuevo Plan Auto+. Aunque se consolidan la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico y se facilita el acceso inmediato a las ayudas, la cuantía de estas últimas decrece y se eliminan las destinadas a la instalación de cargadores domésticos.

La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados, señala OCU, que lleva años advirtiendo de que el precio es el principal obstáculo para que la movilidad eléctrica sea una opción viable. Lamentablemente el Plan Auto+ no termina de afrontar este hecho, porque el importe máximo de las nuevas ayudas a la compra se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros, al eliminarse la oferta por el achatarramiento de un vehículo antiguo. Una oferta que no solo contribuía a sacar del mercado a los vehículos más contaminantes, también a reducir la edad media del parque móvil en España, una de las más altas de la Unión Europea y un factor de siniestralidad. En cuanto a la ayuda adicional de 1.000 euros del concesionario, ya era habitual en muchas marcas.

Y surge una nueva barrera como consecuencia de la eliminación de las ayudas a la instalación de cargadores domésticos: la dificultad de acceso a unas tarifas eléctricas económicas, una condición imprescindible para afrontar la compra de un coche eléctrico, especialmente para las familias con rentas bajas. Es más, la normativa sigue ignorando la situación de muchos hogares sin garaje y sin la posibilidad de tener una estación de carga.

En este sentido, OCU echa en falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso real y equitativo al vehículo eléctrico, especialmente dirigido a quienes carecen de una estación de carga propia. Hoy por hoy la mayoría de las estaciones de carga de las ciudades pertenecen a compañías privadas y comparten unas tarifas bastante superiores a las ofrecidas a los hogares. Además, la red de recarga española sigue siendo pobre e irregular, incluso en los propios centros urbanos donde no es raro encontrar estaciones de recarga inoperativas.

Por todo ello, OCU exige al Gobierno:

• Recuperar la ayuda por achatarramiento de un coche antiguo con motor de combustión, incrementando así el importe final de la ayuda y asegurando la renovación del parque automovilístico español.
• Volver a activar las ayudas a la instalación de cargadores domésticos, especialmente dirigidas a los hogares con rentas bajas.
• Desarrollar una Estrategia Nacional de Recarga vinculante para todas las comunidades autónomas que impulse una red de cargadores públicos en las localidades y facilite la carga a los hogares sin plaza de aparcamiento.
• Mejorar la información al consumidor, obligando a las a marcas a publicar precios finales reales que integren ayudas y deducciones, que dependen de factores como el precio final del vehículo, el país de fabricación y ensamblaje de la batería del coche y el tipo de motor (eléctricos e híbridos enchufables).
• Vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables, mediante controles periódicos del mercado.
• Aumentar los 400 millones de euros previstos para el Plan Auto+, que son claramente insuficientes y se agotarán en unos meses si se mantiene el porcentaje de vehículos enchufables vendidos hasta la fecha.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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