OCU ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la inmobiliaria Engel & Völkers por una práctica que considera contraria a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): cobrar a los potenciales inquilinos honorarios equivalentes a una mensualidad de renta más IVA por unos supuestos servicios de asesoramiento vinculados al alquiler de una vivienda contratados por el propietario.

La denuncia se basa en el análisis de un modelo contractual denominado "Encargo de Prestación de Servicios" utilizado por la compañía con los candidatos a arrendatarios. Según OCU, los servicios descritos incluyen actuaciones propias de la actividad habitual de intermediación inmobiliaria como la búsqueda y presentación de inmuebles, la organización de visitas, la recopilación y valoración de documentación de solvencia, la negociación de las condiciones del contrato o la entrega de la vivienda.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece de forma expresa que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador. Sin embargo, el modelo contractual analizado prevé que sea el inquilino quien abone los honorarios, calculados además en función del importe de la renta y devengados una vez que el propietario acepta la oferta de arrendamiento. OCU considera que estas características son propias de una comisión de intermediación inmobiliaria y no de un servicio independiente contratado libremente por el consumidor.

De hecho, la organización advierte que el pago de estos honorarios es imprescindible para que la candidatura del potencial inquilino sea presentada al propietario, lo que excluiría una supuesta voluntariedad de la contratación de estos servicios. Además, el documento contiene otras cláusulas que refuerzan el carácter obligatorio y la naturaleza de intermediación del servicio, como el pago incluso en situaciones de desistimiento o modificación de la oferta o su extensión si el consumidor alquila posteriormente el inmueble.

Para OCU, el hecho de que el contrato afirme expresamente que los servicios prestados “no constituyen gestión inmobiliaria ni formalización de contrato” tampoco altera la verdadera naturaleza de sus actividades. La denuncia también invoca la vulneración de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al entender que esta práctica perjudica los intereses económicos de los consumidores y condiciona indebidamente su acceso a una vivienda en alquiler.

Dado que Engel & Völkers opera en numerosas localidades y que el modelo contractual analizado tendría vocación de uso generalizado, OCU ha solicitado la intervención de la Administración General del Estado al considerar que la práctica puede afectar a consumidores de distintas comunidades autónomas.  En su escrito, la organización solicita la apertura de actuaciones de inspección e investigación, el cese inmediato del cobro a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria o formalización contractual, así como la adopción de las medidas sancionadoras que correspondan según la gravedad de los hechos.

OCU mantiene abierta su campaña contra los cobros abusivos en el alquiler. Al tiempo que ofrece un servicio legal especializado para prevenir y resolver conflictos relacionados con la vivienda.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de profesionales de OCU que, en colaboración con otras organizaciones de consumidores miembros de Euroconsumers y una red de laboratorios certificados, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan más de 160.000 socios activos y 1.590.000 simpatizantes.

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