OCU Andalucía lamenta que el Proyecto Ley de Vivienda apenas considere los derechos de consumidores

La Delegación en Andalucía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado de forma positiva en su conjunto el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, presentado en el día de ayer por el presidente de la Junta, si bien señala carencias importantes y la condiciona al necesario esfuerzo presupuestario.

Dicho proyecto tiene como ejes fundamentales el estímulo a la construcción de vivienda protegida, liberando las bolsas de suelo necesario para ello y permitiendo su construcción en suelos destinados a otros usos, fomentando la colaboración público-privada y apostando por fomentar -a través de una mayor seguridad jurídica- el retorno al mercado de alquiler de buena parte de la oferta que se perdió por el garantismo de la Ley estatal.

Para atraer esas viviendas al alquiler de larga duración no basta con prohibir o dificultar otros usos como el turístico o el de temporada: si los propietarios sienten la seguridad de poder recuperar sus viviendas en caso de problemas, la oferta de alquiler podría incrementarse de manera significativa en un plazo corto.

Tales líneas son coincidentes con los planteamientos expresados por OCU a través de su Toma de Postura sobre Vivienda, en el que se pone de manifiesto el gran déficit existente en la oferta mientras hay una enorme bolsa de 640.000 viviendas vacías que no salen al mercado de alquiler.

De hecho, y como se ha reconocido públicamente, en los últimos años, el crecimiento de unidades familiares andaluzas ha triplicado las viviendas construidas, a la par que el número de calificaciones de vivienda protegida se ha desplomado en la última década hasta niveles casi anecdóticos (unas 13.400 viviendas). Todo ello en una comunidad que, según estimaciones del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, precisa de unas 50.000 viviendas de bajo coste anualmente.

Por todo ello, y sobre el soporte que ofrece la norma, desde OCU se condiciona su éxito al desarrollo de un plan ambicioso de inversión en vivienda pública en alquiler social, que vaya más allá de la propaganda electoral y se proponga metas anuales realistas buscando fórmulas de colaboración público-privada para alcanzar un objetivo más ambicioso que el fijado de 20.000 viviendas en cinco años.

Por otra parte, desde OCU considera que la Ley ha perdido la oportunidad de incorporar y desarrollar en el texto de la norma, los derechos de los adquirentes y arrendatarios de vivienda en su condición de consumidores y usuarios, consolidando y desarrollando los ya contenidos en otras normas jurídicas, como parte consustancial de los requisitos de calidad que se predican.

En cualquier caso, OCU Andalucía considera una buena noticia la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto y espera y desea que se mejore en su tramitación parlamentaria, con la confianza puesta en que pueda aprobarse en esta legislatura.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos y editores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 180.000 socios activos.

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