Apagón: más de un mes sin respuestas

Un mes después del apagón eléctrico que afectó a millones de hogares en España, seguimos sin recibir respuestas satisfactorias por parte de las compañías eléctricas. Lo que sí ha quedado claro es que el incidente ha provocado un pico sin precedentes en las reclamaciones de los consumidores, que están ejerciendo su derecho a ser compensados.

Sin embargo, lejos de beneficiar al usuario, las consecuencias se traducen en un mayor coste en la factura eléctrica.

Mayo será recordado por un hecho paradójico: mientras el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido uno de los más bajos de la historia, gracias a la alta aportación de energías renovables (eólica, hidráulica y solar), los consumidores no verán reflejada esta bajada en su factura. La factura eléctrica incluye múltiples conceptos adicionales como peajes, cargos… y, especialmente este mes, unos servicios de ajuste que se han disparado.

Estos servicios de ajuste, diseñados para mantener la estabilidad del sistema eléctrico activando tecnologías de respaldo, fallaron estrepitosamente durante el apagón. No actuaron como deberían y no evitaron el colapso del sistema. A pesar de ello, su coste se ha incrementado de forma notable y será el consumidor quien pague la ineficiencia.

La situación resulta inaceptable: en mayo, la factura media PVPC de un hogar tipo rondará los 60,24 euros, una subida respecto a abril. La causa principal es el coste de los servicios de ajuste, que este mes alcanza los 0,0355 €/kWh, el nivel más alto desde julio de 2021 y probablemente de la historia. Y no solo afecta al mercado regulado: también en el mercado libre los nuevos contratos o renovaciones reflejan este encarecimiento.

OCU pidió, hace más de un mes, a los presidentes de España y Portugal y al presidente de la Unión Europea que se investiguen las causas de este apagón. Asimismo, solicitó una reunión a Transición Ecológica, de la que todavía la organización no ha obtenido una respuesta.

Ante esta situación, desde OCU exigimos:

• Una investigación transparente sobre lo ocurrido durante el apagón, que se traduzca en información a los usuarios, para que se puedan presentar las oportunas reclamaciones.

   

• Una revisión urgente del funcionamiento y retribución de los servicios de ajuste, cuya ineficacia no puede ser premiada con sobrecostes.

   

• La protección del consumidor frente a sobreprecios derivados de deficiencias en la gestión del sistema eléctrico.

   

• Que se evite cargar al consumidor con una "prima de riesgo" injustificada en sus tarifas eléctricas.

   

• Explicaciones, responsabilidades y medidas correctivas que garanticen la seguridad del suministro.

Esta información ha sido elaborada por un de equipo profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos. 

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