OCU reclama medidas urgentes para garantizar tarifas sociales del agua a consumidores vulnerables

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha dirigido a la Dirección General de Consumo para que inste a los ayuntamientos españoles a aplicar el Real Decreto 3/2023 sobre los requisitos técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, en concreto el artículo 11, donde se enumeran las obligaciones de la administración para facilitar el acceso al agua a la población vulnerable.

La petición se fundamenta en un estudio publicado en el número de noviembre de la revista OCU Contigo, donde se advierte sobre la falta de acceso a las tarifas sociales para un servicio esencial como es el agua. En concreto, diez ciudades españolas carecen de bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para los colectivos vulnerables, como es el caso de Cáceres, Castellón, Gijón, Guadalajara, Jaén, Lérida, San Sebastián, Segovia, Soria y Toledo. Pero es que, además, en las ciudades que sí las ofrecen no se cumple la normativa, que exige que como mínimo sean atendidos los criterios del bono social eléctrico (solo Bilbao cumple). Por el contrario, suelen emplear criterios muy dispares, difíciles de entender y que requieren de una compleja justificación que debe trasladarse al ayuntamiento año tras año.

OCU solicita a la Dirección General de Consumo que actúe como interlocutor con mayor capacidad ejecutiva para que urja a los ayuntamientos a desarrollar varios derechos sociales básicos:

• Definir e identificar al colectivo vulnerable utilizando al menos los criterios del bono social eléctrico, tal y como recoge el citado Real Decreto.
• Establecer bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para estos consumidores vulnerables.
• Y establecer mecanismos sencillos y eficaces para que los beneficiarios del bono social eléctrico accedan automáticamente a las tarifas sociales del agua, sin necesidad de presentar más documentación.

El estudio también advierte enormes diferencias en el precio del agua según la ciudad: de los 148 €/año que se pagan en Orense por un consumo de 150 m³, a los 516 €/año en Barcelona por el mismo consumo. También están por encima de los 400 €/año varias ciudades andaluzas, como Sevilla, Huelva, Almería y Cádiz, además de Alicante, Murcia y Tarragona; y Bilbao, en este caso por unos costes de saneamiento muy altos. Diferencias de precios difícilmente justificables cuando afectan a localidades con situaciones de partida muy similares y a servicios igualmente similares, como el coste de los servicios de alquiler y mantenimiento del contador, o el coste de la depuración.

Además, OCU critica que los bloques de consumo de agua, con precios progresivamente más altos, rara vez tengan en cuenta el número de personas que viven en esa vivienda, lo que desincentiva un menor consumo.

Al mismo tiempo y ya desde el año 2023 se ha producido un incremento del 12% del precio, que casi duplica el IPC de este periodo. Un incremento que podría responder a la exigencia de que las tarifas se aproximen a los costes reales, así como a nuevas inversiones a raíz de la sequía del verano de 2024. Lo cierto es que es un nuevo sobrecoste para todos los consumidores, incluidos los más vulnerables, que hoy por hoy y para el caso del agua siguen afrontando prácticamente las mismas cargas que el resto, advierte OCU.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

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