OCU apoya la prohibición de la contratación telefónica, fuente de todo tipo de abusos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apoya abiertamente la prohibición de la contratación de la electricidad y el gas por teléfono recogida en el proyecto del Reglamento General de Suministro y Contratación. Al tiempo que considera que debería ampliarse a otras empresas, como las de telefonía, que comparten los mismos problemas, relacionados con la falta de transparencia y los abusos contra los usuarios.

De entrada, por las molestias que generan: una reciente encuesta de OCU revela que 9 de cada diez consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. A menudo, con reiteración: el 40% recibe más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero también de telefonía. Motivo por el que ya se exigió a la Agencia de Protección de Datos que iniciara labores de control, vigilancia y, llegado el caso, impusiera sanciones ejemplares.

Pero también por la falta de transparencia en la información que se transmite a los consumidores. La misma encuesta de OCU revela que en muchos casos no se sabe quién está llamando: una de cada cinco llamadas incumple directamente la normativa, ya que el teleoperador no identificaba a la empresa para la que trabajaba. Además, es habitual que los comerciales argumenten falsamente que el usuario está pagando tarifas muy elevadas, que se las van a subir o que cambia la ley y le va a salir más cara. Y dado que normalmente cuentan con sus datos personales, el relato resulta perfectamente verosímil. 

Si además la atención posterior de la compañía no es la esperada, los abusos difícilmente se resuelven. Otra encuesta reciente de la organización destaca la insatisfacción de los usuarios con los Servicios de Atencion al Cliente (SAC) de las compañías de gas y luz, pero también de los bancos, las empresas de seguros, y los operadores de telefonía. En concreto, el 39% de los usuarios de gas y el 32% de los de electricidad están insatisfechos con la atención al cliente de su compañía.

Al mismo tiempo, OCU recuerda que está pendiente desde 2023 la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, otra normativa que contribuiría decisivamente a limitar los problemas detectados, sobre todo en relación a la resolución de los abusos detectados, ya que agiliza y facilita las reclamaciones.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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