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OCU pide al Ministerio de Justicia celeridad y un texto que proteja efectivamente consumidores

11 dic. 2024

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insta al Ministerio de Justicia a agilizar el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 sobre acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Esta normativa, que debería haberse implementado en el ordenamiento jurídico español el pasado 25 de junio de 2023, sigue pendiente, lo que deja a los consumidores españoles en una situación de desventaja en comparación a otros consumidores europeos y ante abusos colectivos.

 

OCU considera peligroso el retraso en la transposición de una norma esencial para garantizar que los consumidores puedan ejercer sus derechos de manera efectiva frente a prácticas empresariales desleales o contrarias a la legislación de consumo. Además, la organización subraya la importancia de que el texto legislativo que se adopte incluya mecanismos que realmente permitan proteger a los consumidores y evite obstáculos procesales que dificulten las acciones colectivas.

 

La Directiva 2020/1828 establece un marco jurídico para que las organizaciones de consumidores puedan representar a los ciudadanos en acciones colectivas contra empresas que infrinjan sus derechos. Sin embargo, OCU advierte del riesgo de que una transposición insuficiente o parcial de esta normativa reduzca su eficacia y beneficie más a las empresas que a los consumidores. 

 

Según OCU, la transposición de esta directiva representa una oportunidad única para reforzar la defensa de los consumidores en España, pero para ello es imprescindible que el texto final sea ambicioso y ponga realmente a los consumidores en el centro.

 

El Ministerio de Justicia no debe retrasar más este proceso ni diluir el alcance de una norma que es esencial para corregir desequilibrios y abusos en el mercado.

 

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Esta información ha sido elaborada por un de equipo profesionales de OCU que, en colaboración con otras asociaciones europeas de consumidores y una red internacional de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

 

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