Estudio sobre el consumidor vulnerable y barreras de acceso a la vivienda en alquiler

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado en su revista inmobiliaria OCU Fincas y Casas, ha elaborado un estudio sobre el consumidor vulnerable y las barreras de acceso a la vivienda en alquiler. El estudio ha contado con la financiación del Ministerio de Consumo y tiene como objetivo identificar y analizar las barreras de acceso a la vivienda para el consumidor vulnerable con una mirada particular al mercado del alquiler, y aportar recomendaciones para las autoridades y consejos para los actores implicados. El precio se erige como el principal obstáculo para acceder al alquiler, en un contexto de aumento de la demanda y disminución de la oferta y en segundo lugar la desprotección a los propietarios.

Para su realización OCU ha llevado a cabo una encuesta a 2.973 de tres colectivos diferentes, 534 entrevistas a ciudadanos que viven en régimen

de alquiler, 437 entrevistas a ciudadanos que tienen alguna vivienda arrendada y 2.002 personas que son propietarias de su vivienda.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

• El alquiler sigue visto en España como una situación transitoria de tenencia de la vivienda, en tránsito hacia la deseada propiedad. Un 79% de los inquilinos aspiran en 5 años a ser propietarios de la vivienda en la que vivan, aunque solo el 42% creen que lo conseguirán.

• En España existen 18,5 millones de viviendas principales. Casi tres millones de hogares viven en viviendas de alquiler, un 16% del total. La opción del alquiler ha aumentado en los últimos años, también por la mayor dificultad de acceso a la propiedad, debido a los precios, a la falta de ahorro previo, a la falta de estabilidad en empleos con salarios consistentes y al encarecimiento de las hipotecas.

• Asistimos a un fuerte incremento de la demanda de vivienda, favorecido por la creación de empleo, la formación de nuevos hogares y el aumento de la población. La demanda de vivienda está fuertemente concentrada en las zonas y ciudades con mayor dinamismo en el mercado de trabajo. Esto se ha traducido en una subida de los precios del alquiler que dificulta el acceso a la vivienda y precariza a las familias. Un 63% de los inquilinos encuestados destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y de los gastos ligados a la vivienda.

• El estudio de OCU señala que los inquilinos son más jóvenes y tienen un nivel de renta menor que los propietarios. El colectivo de origen extranjero está sobrerrepresentado en el alquiler, con un 33% de los inquilinos. Del conjunto de inquilinos, el 34% tiene unos ingresos familiares de hasta 1.500€ mensuales, mientras que hasta ese intervalo entre los propietarios solo están el 19%. El 26,6% de los inquilinos tienen una situación familiar difícil o muy difícil económicamente, mientras entre los propietarios indican estar en esa situación el 21%. Entre los propietarios el 30% tienen una hipoteca de una media de 642€, tras subir 92€ en el último año (un 15%). El 70% de las familias encuestadas tienen ya pagada la vivienda.

• En España el 85% de la oferta de vivienda en alquiler la aportan los propietarios privados. Lo habitual es alquilarlas directamente a las familias, siendo la participación de las agencias inmobiliarias en torno a un tercio de los casos. Apenas un 3% de inquilinos cuentan con viviendas de alquiler público. Existe un déficit crónico de inversión en VPO de alquiler, sin que hasta ahora se haya iniciado un plan para corregirlo.

• Aunque no hay estadísticas fiables, distintas entidades públicas y privadas señalan que la oferta privada de vivienda en alquiler está disminuyendo como consecuencia del temor que sienten los arrendadores y quienes podrían serlo a no cobrar la renta, a sufrir daños en la vivienda y a no poder recuperar su propiedad en caso de impago. Esto agrava el desequilibrio entre una pujante demanda y una oferta en retroceso, al tiempo que se contabilizan 3,8 millones de viviendas vacías en nuestro país.

• A Juzgar por la evolución reciente de los precios, el régimen actual las ayudas públicas a inquilinos no están contribuyendo a contener la subida de precios del alquiler. Los hogares más vulnerables apenas pueden acceder al mercado del alquiler ante la subida de precios y el endurecimiento de condiciones para la selección de los candidatos a inquilino. La oferta de vivienda pública y los recursos de los servicios sociales son totalmente insuficientes para dar el apoyo necesario a quienes no encuentran una vivienda digna en el mercado.

Ante este panorama desde OCU se plantean una serie de recomendaciones encaminadas a buscar un equilibrio estable de los precios del alquiler y para ello es necesario:

-Adoptar de forma urgente un plan ambicioso de inversión en vivienda pública. Sería necesario incorporar al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, para tengan un impacto estable en el parque actual. No se trata solo de construir más (para lo que hay que simplificar los trámites y evitar el encarecimiento artificial del suelo), sino de rehabilitar y de atraer vivienda privada infrautilizada a las bolsas de alquiler público.

-Para aumentar la oferta de viviendas en alquiler de una manera más rápida y consistente es necesario aportar seguridad jurídica a los arrendadores particulares, que constituyen más del 80% de los proveedores de casas alquiladas en nuestro país. La seguridad jurídica facilitaría igualmente una mayor inversión privada en vivienda en alquiler por parte de fondos y socimi, contribuyendo a una profesionalización del mercado.

-La adopción de medidas extraordinarias como el control de rentas o la suspensión de procedimientos de desahucio deben plantearse con carácter de excepcionalidad, acotadas en el tiempo y a circunstancias bien definidas, para evitar precisamente que provoquen el efecto contrario de retraimiento de la oferta.

-Para facilitar la disponibilidad de fondos suficientes que puedan garantizar el apoyo a los inquilinos más vulnerables convendría revisar los programas de ayudas al alquiler, que en algunos casos podrían estar contribuyendo a una subida de precios. Por ello desde OCU pedimos que las ayudas se concentren en los colectivos más vulnerables, aumentando la dotación de vivienda pública en alquiler y los recursos de los servicios sociales necesarios para acompañar a esos hogares más vulnerables, sin que esto signifique una reducción de las mismas, sino que se destinen a las familias que más lo necesitan.

-En paralelo, se debe promover políticas que favorezcan la descentralización efectiva de los centros de trabajo, para buscar una utilización más equilibrada del territorio.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de ingenieros, economistas, abogados, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 190.000 socios activos.

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