Ocupación de viviendas: OCU pide favorecer las medidas cautelares y más vivienda pública

Aunque las ocupaciones ilegales de viviendas no son tan habituales como pudiera parecer (alrededor de 8.000 en 2020), su incidencia aumenta de año en año y no parece que vaya a disminuir justo ahora, coincidiendo con la crisis económica. De hecho, el número de propietarios que contratan los servicios de una empresa de seguridad para sus segundas residencias no hace sino aumentar. No es un servicio barato, cuesta entre 35 y 75 euros al mes según el tamaño de la vivienda y la compañía, pero puede ayudar a impedir el allanamiento, ya que una detección temprana debería facilitar una rápida intervención de las fuerzas de seguridad antes de que se consume la ocupación. De hecho, algunas grandes empresas se están sumando a este nicho de mercado en alza.

Si la ocupación se consuma, el propietario deberá denunciarlo lo antes posible, solicitando expresamente la medida cautelar de desalojo, tal y como se explica en el número de marzo de la revista Dinero y Derechos. Para facilitar la decisión del juez, la denuncia debe acompañarse del título de propiedad del inmueble, de documentos que prueben las cargas que soporta (una hipoteca, por ejemplo) y de un escrito que describa el uso que pretende darle, así como de las circunstancias de la ocupación. A falta de medidas cautelares y si la vía penal se estanca puede ayudar iniciar una acción por la vía civil con la ayuda de un abogado especializado. En cualquier caso y como consecuencia de la Covid-19, se han aprobado medidas que pueden suponer una suspensión del desahucio hasta, al menos, el final del estado de alarma, lo que puede alargar aún más el proceso para recuperar el inmueble.

No obstante, el creciente recurso a empresas especializadas de desocupación, con tarifas cercanas a los 3.000 euros, viene a demostrar la escasa eficacia de las actuales medidas legales y de su aplicación práctica en este ámbito. Una señal evidente de que la ley no defiende al propietario legítimo con la rapidez y eficacia que debería.

En último término, OCU considera que los costes y las dificultades asociadas a la prevención y el desalojo de una vivienda ocupada podrían atajarse o al menos limitarse con una acción decidida de las administraciones para aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler, una opción legal y accesible para los grupos de población más desfavorecidos, que son los que más habitualmente protagonizan este tipo de ocupaciones y cuya necesidad explotan organizaciones criminales. Más si cabe ahora, cuando el número de familias con dificultades económicas no hace sino aumentar como consecuencia de la actual crisis provocada por la pandemia.

Consejos sobre cómo actuar (y cómo no hacerlo) frente a una ocupación en este enlace.

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