Desde OCU deseamos informarte que nuestra página web utiliza cookies propias y de terceros para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios con el fin de poder ofrecerte productos y servicios de tu interés. Mediante el uso de nuestro sitio web aceptas esta Política y consientes el uso de cookies. Puedes cambiar la configuración u obtener más información consultando aquí.

OCU considera que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno son farragosas

01 abr. 2020
  • Considera que la redacción de las nuevas medidas, en particular el artículo 36, es del todo farragosa y abocará a la solución de conflictos antes los tribunales
  • Advierte que las necesarias medidas de apoyo al sector turístico no pasan por limitar los derechos de los consumidores
  • Espera que esta flexibilidad que se le exige al consumidor en estos tiempos difíciles no acabe perjudicándole principalmente a él
  • Critica las medidas adoptadas, pues en la práctica no van a suponer mayor beneficio para los consumidores por las indefiniciones y la burocracia de todos los trámites

 

El Gobierno ha hecho públicas una serie de nuevas medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, en relación con los desahucios, alquileres, hipotecas, suministros, contratos, viajes combinados y juego online.

 

OCU ha pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones desde que comenzó la crisis del coronavirus que tome medidas para ayudar a los consumidores ya afectados y para los que se van a ver afectados en el futuro. Aunque las que se han tomado hasta ahora son positivas y van en su mayor parte en la dirección propuesta por OCU, considera que la redacción de las mismas sigue siendo poco clara y que su indefinición abocará a la resolución de los conflictos en los tribunales, para que una vez más sean los jueces los que decidan cómo han de interpretarse, recargando el trabajo de los juzgados y dejando en clara desventaja a los más vulnerables.

 

Resolución de contratos

 

OCU valora positivamente que se apoye la supervivencia de los contratos en base a los principios de buena fe y reciprocidad en las prestaciones, siempre y cuando, la flexibilidad que se exige a los consumidores vaya amparada por una garantía de protección de sus derechos.

 

En relación con los contratos, tanto de compraventa como de prestación de servicios, se condiciona la resolución del contrato a que previamente se haya intentado llegar a un acuerdo entre las partes mediante la revisión de las condiciones. Las propuestas de revisión podrán implicar el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. En caso de que no haya acuerdo, se podrá resolver el contrato y el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor.

 

OCU considera que este párrafo supondrá en la práctica la imposibilidad de resolver un contrato si el consumidor no ha aceptado en la fase de negociación un bono o vale sustitutivo de la prestación correspondiente, con el agravante de que no se concreta el respaldo financiero que avala la ejecución de los citados bonos.

 

Por último, por lo que respecta a los contratos de tracto sucesivo, se intentará la recuperación del servicio cuando pase esta crisis sanitaria, y si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte proporcional al servicio no prestado, o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte en los recibos futuros.

 

Asimismo, se prohíbe la presentación al cobro de nuevas cuotas hasta que se reanude la prestación del servicio.

 

Cancelación de viajes combinados

 

OCU lamenta esta medida, que va en contra de los miles de consumidores afectados por la cancelación de los viajes contratados a consecuencia del coronavirus.

 

La cancelación de viajes es hasta ahora la principal consecuencia de la epidemia en las economías domésticas. OCU recuerda que un 20% de las familias se ha visto afectadas y la perdida media ha sido de 343 euros por  hogar afectado.

 

Para OCU son necesarias medidas de apoyo al sector turístico, pero estas no deben pasar por limitar los derechos de los consumidores que están igual de afectados por las consecuencias económicas del coronavirus.

 

Se están cediendo por el consumidor y limitándole derechos que le reconoce la normativa general de la Ley de Consumidores, Directivas y Reglamentos Europeos, más allá de lo que ya prevé la normativa general civil para casos de fuerza mayor, por ejemplo, imponiendo plazos y condiciones para el ejercicio de la facultad resolutoria, haciéndole asumir gastos que le presente el proveedor de viajes que será difícil que el consumidor pueda comprobar o verificar, entre otros.

 

Se trata de una medida injusta que limita el derecho de los consumidores a recuperar el dinero pagado por los viajes que no se van a producir, ya que obliga a la aceptación de un bono con vigencia de un año, y cuya conversión en metálico se produciría transcurrido ese año, sólo en el supuesto de que el proveedor del servicio hubiere reembolsado a su vez el dinero a la agencia de viajes o minorista. Y todo ello además nuevamente con el agravante de que no se concreta el respaldo financiero que garantiza la ejecución del bono en caso de insolvencia del organizador del viaje o minorista.

 

Resultando además que no se extiende la protección para facultar la resolución de contratos por causas de fuerza mayor a fechas previas a la del estado de alarma, en las que ya era evidente por las recomendaciones de las Autoridades sanitarias y por las medidas adoptadas en otros países, que era prudente no viajar, y por ello se pueden haber no realizado viajes antes del 14 de marzo por esta causa para evitar males mayores. La solución a estos casos solo podrá venir de la buena voluntad del prestador del servicio al consumidor, si le da otra opción más flexible, o bien podría llegar a derivar en reclamaciones judiciales de quienes quieran que sea un juez el que valore si, en esas circunstancias, concurría la causa de fuerza mayor.

 

Regulación del juego

 

OCU valora positivamente las medidas de restricción de la franja horaria en la que se pueden emitir las comunicaciones comerciales y publicitarias de las entidades que realicen una actividad relacionada con los juegos de azar, loterías y apuestas a que hace referencia la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y desearía que las mismas se mantuvieran una vez que se haya superado la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19.

 

Bono social

 

OCU considera que a las medidas ya desarrolladas en torno al bono social (prórroga del actual bono social hasta el 15 septiembre de 2020), se incorpora ahora una medida interesante y excepcional que responde a uno de los problemas del actual bono social, si bien, su efecto práctico no es el deseado, si se tienen en cuenta los plazos necesarios para poder justificar la situación y el tiempo que se tarda en gestionar la solicitud.

 

Esta nueva medida consiste en paliar el desfase que hay entre la situación presente de la familia vulnerable y el documento que justifica esos bajos ingresos: la última declaración de la renta presentada (en estos momentos la que recoge los ingresos durante el año 2018 y que se presentó el pasado año).

 

La medida por tanto es positiva ya que aborda uno de los problemas del actual bono social cuando hay una pérdida importante de ingresos y no se puede ser beneficiario hasta varios meses o incluso más de un año después que será cuando la declaración de la renta recoja esa merma de ingresos. OCU anima al Gobierno a que mantenga esta medida para para futuros desarrollos del bono social.

 

Asimismo, esta medida amplía el colectivo que puede ser considerado consumidor vulnerable a efectos del bono social, a aquellos trabajadores o profesionales que tengan un nivel de ingresos familiares no elevados y que además se hayan visto afectados por el COVID.

 

La concesión de este Bono Social tendrá una validez máxima de 6 seis meses y si cambian las circunstancias deberá ser el consumidor el que comunique su improcedencia.

 

Por último, OCU aconseja a los solicitantes que, si en algún momento pasan a cumplir alguno de los criterios base del Bono social, vuelvan a hacer una solicitud incluyendo esos criterios.

 

Suministros

 

OCU considera positiva la ampliación a todos los hogares en su residencia principal, así como a los suministros de GLP la prohibición de cortes en el suministro, a diferencia de lo que se planteó inicialmente (que se protegía de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua) solo a los beneficiarios del bono social eléctrico.

 

Por otra parte, los plazos para requerimiento fehaciente del pago y suspensión quedan paralizados durante el estado de alarma, por lo que “tampoco” se la podrían cortar al día siguiente.

 

OCU recuerda que las facturas se han de seguir pagando con normalidad y que en cualquier caso la deuda generada seguirá estando pendiente de pago. La única diferencia es que durante el estado de alarma no existirá amenaza de corte de suministro.

 

Telecomunicaciones y portabilidad

 

En la línea con lo solicitado la semana pasada por OCU al Gobierno, se permitirán las portabilidades cuando no sea necesaria la presencia física del operador y el consumidor (como, por ejemplo, las de telefonía móvil, algunas de ADSL que se envía un kit auto configurable, u otras como las que se hacen dentro de un mismo grupo (Movistar, O2, Tuenti…), cuyo cambio es un trámite administrativo que no requiere ni envío de equipos ni actuaciones en la vivienda). Asimismo, se limitan las subidas de precios de telecomunicaciones, pero solo de aquellos servicios que pudieran dar lugar a un proceso de portabilidad de los que ahora están “bloqueados”. Por ejemplo, se podría subir el precio de la tarifa móvil, pero no de la fibra.

 

La organización cree que son adecuadas las medidas destinadas a garantizar la prestación del servicio a todos los usuarios, principalmente a los más vulnerables, ya que las necesidades de comunicación se han disparado al convertirse los teléfonos en la única vía de contacto entre las familias o la nueva necesidad de teletrabajar.

 

Hipotecas

 

En materia de hipotecas, OCU considera positivo que se hayan ampliado los supuestos para poder acogerse a la moratoria, incluyendo ahora hipotecas sobre inmuebles afectos a las actividades de empresarios y profesionales, sobre viviendas en alquiler cuando se deja de cobrar la renta y para préstamos personales. Asimismo, se ha ampliado a un mínimo de tres meses la duración de la misma. Sin embargo, se mantienen los estrictos criterios para considerar que existe vulnerabilidad económica, por lo que siguen siendo pocos los consumidores que se podrán beneficiar de esta moratoria.

 

Aunque se mantiene la exigencia de aportar mucha documentación, como novedad, se exime de la aportación de los documentos que no sea posible conseguir, a cambio de la firma de una declaración responsable y la obligación de aportar la documentación transcurrido un mes desde el fin del estado de alarma, lo que está en línea de lo demandado por OCU.

 

Se han corregido algunas indefiniciones y ya se definen lo que se consideran suministros básicos, pero sigue sin definirse claramente la forma de cálculo de los ingresos mensuales. OCU entiende que, ante la falta de definición específica, habrá que interpretar que se trata de la opción que resulte más favorable al consumidor.

 

Por último, se sigue haciendo recaer sobre el solicitante todas las consecuencias si, después de beneficiarse de la misma, se comprueba que no cumplía con los requisitos y sigue siendo complicado saber si se tiene derecho a la moratoria, ya que no se ha simplificado y es necesario realizar múltiples cálculos, por lo que sigue siendo posible que algunos de los consumidores que soliciten la moratoria de buena fe acaben asumiendo el pago de daños, perjuicios y gastos por un importe superior al beneficio obtenido. Por ello se solicita al Gobierno que publique una resolución interpretativa para evita posibles errores.

 

OCU cree que existen soluciones más sencillas que permitirían aliviar la carga hipotecaria sin el cumplimiento de tantos requisitos. Por ejemplo, imponiendo a las entidades la obligación de aceptar las solitudes de carencia (total o parcial en función de las necesidades) que presente cualquier consumidor, por un plazo mínimo de dos meses, prorrogable si las circunstancias lo requieren y que en  función de las necesidades de cada consumidor, podría ser una carencia total, en la que se deja de pagar la cuota de la hipoteca en su totalidad, o una carencia parcial en la que solo se pagan intereses, pero no se devuelve capital.

 

Alquileres

 

OCU lamenta que a falta de un parque público de vivienda social adecuado a las necesidades del país (repetidamente pedido por esta organización), haya tenido que ser a raíz de esta crisis sanitaria cuando se adopten medidas para que no se produzcan desahucios ni salidas de las viviendas alquiladas por falta de capacidad económica de los arrendatarios para afrontar el pago de las rentas.

 

Las medidas son diferentes en función del tipo de arrendador: unas se prevén para personas físicas que posean hasta 10 inmuebles urbanos, y otras para los grandes tenedores y arrendadores personas jurídicas o institucionales, que son minoría en nuestro país, si bien, en todos los casos, se anima a alcanzar acuerdos entre inquilino y propietario, para pactar aplazamientos, moratorias o condonaciones de renta.

 

Los arrendatarios vulnerables y los de pequeños tenedores podrán acceder a préstamos sin interés para poder pagar sus deudas. Los inquilinos de grandes tenedores también tendrán derecho, a falta de pacto, a reclamar una moratoria en el pago.

 

También hay previstas unas ayudas directas para el pago retardado de esas rentas, que están aún por desarrollar.  Se necesitará una gran coordinación con las comunidades autónomas para su aplicación práctica.

 

En la espera de poder acceder a las ayudas que en cada caso procedan, OCU anima a los arrendadores a alcanzar acuerdos con los inquilinos afectados por esta crisis, y a documentarlos por escrito, mediante intercambio de correos electrónicos o de otras aplicaciones de mensajería. Asimismo, recuerda que las medidas adoptadas se justifican para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad ocasionada por la crisis del Covid-19, sin que haya justificación para el impago o el retraso en el pago para hogares que no estén en esa situación.  OCU considera que son momentos de solidaridad social, por lo que sólo se deben utilizar los recursos públicos y las medidas que realmente se necesitan.

 

La situación de dificultades de pago en las rentas irá más allá del periodo de alarma y de los inmediatos meses posteriores. A corto y medio plazo es esperable un descenso en los precios del alquiler y de la vivienda, pero seguirá habiendo un problema de acceso a la vivienda, por lo que OCU considera que se hace más urgente que nunca la creación de un parque público suficiente de viviendas en alquiler.

 

OCU recuerda que, aunque no le paguen la renta, el arrendador debe declarar y pagar IRPF por las rentas como si se las hubiesen pagado (salvo que pasen 6 meses desde el impago, como rentas de "dudoso cobro"). Y lamenta que en este punto no se haya adoptado ninguna medida fiscal para suavizar el impacto de la reducción real de ingresos en el periodo correspondiente, por lo que se solicita al gobierno que regule este aspecto.

 

Para más información (medios de comunicación): Teléfono: 91 722 60 61 – prensa@ocu.org www.ocu.org