Un lastre más al consumo sostenible: hasta seis capitales carecen de contenedores de ropa

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se estima que casi la mitad de la ropa usada que recogen las entidades sociales se reutiliza, ya sea donándola a personas sin recursos, vendiéndola en tiendas de segunda mano o exportándola para su reutilización en terceros países; otra parte se recicla en trapos o materiales aislantes; y el resto se aprovecha como fuente de energía. Sin embargo, según el Plan Marco de Gestión de Residuos, apenas se recoge el 10%; cuando el objetivo para este año era del 49%. El resto acaba en vertederos, un impacto absolutamente negativo sobre el consumo sostenible, que OCU denuncia en el marco de su campaña Cámbiate al verde

Aunque los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes disponen de puntos limpios con espacios para la recogida de ropa y el calzado, los contenedores autorizados en la vía pública brillan por su ausencia: apenas hay uno por cada 4.000 habitantes, cuando lo recomendable según los expertos es que haya al menos uno por cada 1.000 habitantes, es decir, cuatro veces más, que deberían estar colocados junto al resto de contenedores de vidrio y cartón. De hecho, tal y como denuncia OCU hay hasta siete capitales de provincia que carecen de ellos: Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Pontevedra, Santander y Segovia. En estas ciudades los pocos contenedores que hay están en espacios privados (aparcamientos de centros comerciales, colegios, parroquias…) o bien son contenedores piratas sin control.

Por todo ello, OCU exige:

Que los ayuntamientos promuevan la recogida de ropa usada en la vía pública a través de contenedores autorizados. Y ya que el consumidor no recibe nada a cambio, al menos que dicha autorización incluya una cláusula social para que la empresa gestora sea una entidad con fin social que ayude a personas vulnerables, como ocurre en 32 de las 50 capitales.

Que se retiren los contenedores piratas de la vía pública. Se trata de un negocio ilegal que mueve millones de euros al año y que perjudica a las empresas autorizadas, al tiempo que supone un fraude a las expectativas de los ciudadanos, que piensan que su ropa va a servir para ayudar a personas con escasos recursos.

Que mejore la durabilidad de la ropa. El “Fast Fashion” y sus altas cifras de producción de prendas de baja calidad a bajo precio provoca un alto consumo de textil de baja calidad que se convierte rápidamente en residuo.

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