OCU pide al Gobierno que cumpla los plazos de la Directiva de Servicios de Pago

El consumidor está protegido por la ley en caso de ser víctima de un uso fraudulento de sus tarjetas, por ejemplo, si alguien ha podido acceder a los datos por un fallo de seguridad, se considera una operación no autorizada y el banco deberá devolver de inmediato el total de la operación. 

OCU recuerda que, cuando se trata de un robo o pérdida, la Ley de Servicios de Pago limita a 150 euros la responsabilidad del titular por el uso fraudulento antes de la comunicación del suceso al banco. No obstante, este límite se reducirá a 50 euros a partir de la trasposición de la nueva Directiva sobre Servicios de Pago, que deberá hacerse como muy tarde el 13 de enero de 2018. Esperamos que esta vez el gobierno no incumpla los plazos, perjudicando a los consumidores, como ha ocurrido con la Directiva sobre crédito hipotecario, motivo por el cual la Comisión Europea va a llevar a España ante el TJUE; o la Directiva sobre resolución alternativa de litigios de consumo. 

OCU señala que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que, en los casos de pagos a distancia con tarjeta, cuando el importe de una compra o de un servicio se hubiese cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella podrá exigir la anulación del cargo. Estas protecciones legales son las mismas para todas las tarjetas, cualquiera que sea la entidad emisora. 

En 2015, las operaciones fraudulentas con tarjetas emitidas en España ascendieron a 687.000, lo que se traduce en unos 52 millones de euros, según datos de la Memoria Anual sobre la Vigilancia de los Sistemas de Pago publicada por el Banco de España). OCU considera que se trata de unas tasas de fraude muy bajas, de sólo un 0.018% en número total de operaciones. 

De estas operaciones fraudulentas, el 55% se produjo en operaciones a distancia, frente al 41% que se produjo en TPV físicos y tan sólo un 4% en cajeros. A pesar de todo, cada año la tasa de fraude por internet es menor: el porcentaje se redujo de 0,20% en 2014 a 0,13% en 2015. Esto se explica por la progresiva implantación de sistemas de verificación de la identidad en dos pasos, es decir, además de los datos de la tarjeta, exigen la introducción de una clave que suele ser aleatoria y enviada por SMS, verificación reforzada que será obligatoria a partir de la trasposición de la nueva Directiva. OCU considera evidente que el mayor foco de fraude está en el uso de datos de manera fraudulenta y en estos casos la normativa obliga a devolver a los consumidores todo el importe defraudado.

 OCU aconseja a los consumidores cuatro pasos en caso de uso fraudulento: 

1.- Comunicar el suceso: lo primero es llamar por teléfono a su banco para anular las tarjetas. Todas las entidades emisoras de tarjetas tienen teléfonos las 24 horas para comunicar estas incidencias. 

2.- Denunciarlo: si se trata de un robo o de un posible caso de robo de los datos de la tarjeta, se debe presentar denuncia en la comisaría de policía. 

3.- Reclamar: en caso de que la entidad no quisiera hacerse cargo de las cantidades defraudas, se debe reclamar ante el Servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad. 

4.- Si pasan dos meses sin contestación o si la solución no es satisfactoria, se podrá reclamar en el Departamento de Conducta de Mercado, sito en la Calle Alcalá, 48, 28014, en Madrid; con teléfono 901 545 400.

Para más información (medios de comunicación) Eva Jiménez, Tfno.  917226061 prensa@ocu.org  www.ocu.org 

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