OCU pide que se eliminen los acuerdos que benefician a las farmacéuticas y debilitan a las CCAA

Esta semana hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), a firmar un convenio que garantiza un mínimo de gasto público anual en medicamentos de marca de Farmaindustria, la patronal farmacéutica.

Dicho acuerdo está impulsado por los ministerios de Hacienda y Sanidad. Por ello, la campaña No es Sano ha enviado hoy una carta a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para mostrar su desacuerdo con este convenio y para pedirles que lo eliminen de los requisitos del FLA. “Creemos que esto supone una medida de presión para mantener altos niveles de gasto en medicamentos protegidos con patente -con unos precios elevadísimos- y de un enorme impacto presupuestario”, recoge la carta.

Asimismo, OCU, junto al resto de organizaciones de No es Sano, critican que esta medida supone un blindaje de los medicamentos de marca, fármacos sobre los que no existe transparencia en el proceso de fijación de precios, sobre los que se desconocen los costes de investigación, desarrollo y comercialización, y cuya falta de transparencia impide saber cuánto pagamos los contribuyentes por los tratamientos. “Queremos poner de manifiesto que obligar al gasto en determinados fármacos contraviene la independencia de las comunidades autónomas; y penalizarlas supone una medida que las debilita frente a la industria farmacéutica”, asegura la campaña.

Por todo ello, OCU y No es Sano piden también a los ministros Montoro y Montserrat que se revise el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Fijación de Precios para acabar con la falta de transparencia en su gestión y en los procesos de toma de decisiones, incluyendo la participación y decisión de las CCAA. Asimismo, solicitan que se fortalezcan la rendición de cuentas y la transparencia en materia de gasto farmacéutico, para que se conozca el gasto que realizan las distintas entidades y organismos de la Administración. Y, por último, que se eliminen de los acuerdos entre las Administraciones y la Industria las cláusulas de confidencialidad que hoy en día impiden conocer el precio real de los medicamentos.

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