Multa a Apple por publicidad engañosa
Luchamos contra las triquiñuelas de Apple, que intenta burlar la ley de garantías para que contrates un año adicional al que en realidad tienes derecho gratis. Nuestra denuncia ante la Dirección de Consumo de la Comunidad de Madrid da como resultado una multa que se queda corta.
En marzo de 2012 la OCU denunció a Apple ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid.
La razón era de peso: esta marca intenta convencer a sus clientes para que contraten (pagando) un segundo año de garantía al que en realidad tienen derecho por ley.
No fuimos los únicos que clamaron contra esta injusticia: otras 10 organizaciones de consumidores europeas presentaron denuncias semejantes (en Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Polonia, Eslovenia, Dinamarca y Grecia).
Apple contra la Ley
La política comercial de Apple es engañosa, informando sobre una garantía de 1 año y ofreciendo acto seguido una extensión de garantía por la que hay que pagar.
La ley deja claro que la garantía es de 2 años. ¿Pagar por algo de lo que ya disfrutas?
Al denunciar, confiábamos en que las autoridades de Consumo investigasen y sancionasen a Apple para que pusiese fin a estas malas prácticas.
Una multa insuficiente
Tras más de un año, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha respondido a la denuncia presentada por la OCU. Apple tendrá que pagar una multa de 47.000 euros.
Esta sanción nos parece claramente insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que en Italia una denuncia por la misma causa terminó en una multa de 200.000 euros.
Este episodio pone de manifiesto una triste realidad: podemos contar con estupendas normas para proteger los derechos de los consumidores, pero a la hora de aplicarlas todo depende de las autoridades competentes. Actualmente existen grandes diferencias entre las sanciones que puede imponer una autoridad italiana, por ejemplo, y las que impone la autoridad madrileña de Consumo.
Teniendo en cuenta que Apple está intentando sortear una norma europea, y que los perjudicados son los consumidores de todos los países de la UE, es necesario que las autoridades europeas tomen cartas en el asunto.