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La OCU dice NO a la subida de tasas judiciales
03 oct. 2012Madrid, 3 de octubre de 2012. La OCU considera que el Proyecto de Ley que regula nuevas tasas en el ámbito de la justicia representa un grave perjuicio para los ciudadanos. Supone un encarecimiento del coste de acceso a la justicia y puede poner en peligro el derecho a la protección judicial que establece la Constitución.
La principal consecuencia de esta brutal subida de las tasas judiciales será desalentar a los ciudadanos a recurrir a los tribunales y favorecer a las empresas incumplidoras. Del mismo modo, se limita el acceso a la justicia gratuita y se favorece a los ciudadanos que tienen más recursos.
Una justicia lenta y mucho más cara
La subida de tasas afecta a los procedimientos de orden civil, social y administrativo, con la única excepción del penal.
Se crean 2 tipos de tasas:
- tasas fijas: dependen del tipo de procedimiento: desde los 100 euros del monitorio o 150 euros de la 1ª instancia del procedimiento verbal, hasta los 1.200 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
- tasa variable: se calcula en función de la cuantía del pleito y va desde el 0,5% (para importes menores de un millón de euros) hasta un máximo de 10.000 euros.
Además, a las tasas es necesario añadir el coste de abogado y procurador, que resultan obligatorios en muchos procedimientos. Como ejemplo, un pleito para reclamar 3.500 euros con dos instancias judiciales tendría unos costes de más de 2.600 euros (entre tasas, abogado y procurador). De esta cantidad, casi 1.000 euros corresponden a tasas.
La OCU entiende que este encarecimiento de la justicia tiene un efecto disuasorio y perjudicial para los consumidores.
Muchas veces las empresas se niegan a atender reclamaciones y a someterse al arbitraje de Consumo. Por si esto no fuera suficientemente malo, las sanciones de la Administración no contemplan la reparación del daño causado al consumidor.
Así las cosas, a menudo la única opción para el consumidor es reclamar sus derechos por la vía judicial. Para las reclamaciones de consumo, que suelen ser de pequeñas cuantías, pagar 150 euros por presentar una demanda será absolutamente disuasorio y dificultará al máximo la posibilidad de resarcimiento del consumidor.
Si el Proyecto de Ley sale adelante, se van a pagar unas tasas por un servicio con el que los ciudadanos se muestran claramente insatisfechos. En una reciente encuesta de la OCU, el 78% de los encuestados se mostraba insatisfecho con la justicia.
Las razones de este descontento son claras:
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1) Lentitud de los procesos: de 15 a 30 meses de duración dependiendo del tipo de procedimiento.
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2) Costes elevados: el coste medio de un juicio era de 8.400 euros, que se verán incrementados con las nuevas tasas.
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3) Resultados poco satisfactorios: más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio al terminar el juicio. El 62% considera que para los problemas de consumo no merece la pena ir a los tribunales.
La OCU pide
- Que el Gobierno elimine la subida que implica este Proyecto de Ley.
- En lugar de dificultar el acceso a la justicia, el Gobierno debería preocuparse de establecer sistemas extrajudiciales gratuitos y efectivos para que el consumidor pueda resolver sus conflictos.
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