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Sanidad recomienda extraer las prótesis PIP

31 octubre 2013

31 octubre 2013

La posibilidad de rotura de las prótesis PIP es elevada, y por el riesgo que esto conlleva, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda la retirada preventiva de las prótesis PIP sin prisas... pero sin pausa. Las afectadas se enfrentan ahora a nuevas incertidumbres. 

En España hay 18.500 afectadas por las prótesis PIP. Se calcula se han implantado unas 37.000 prótesis Poly Implant, las causantes de la alerta, y de ellas sólo el 4,2% fueron intervenidas en centros del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad ha actualizado la información que recoge los últimos estudios del  Comité de Expertos para el seguimiento de las prótesis mamarias PIP en España: después de analizar la información disponible a nivel nacional y europeo ha concluido que las altas tasas de rotura de estas prótesis hacen aconsejable recomendar la retirada preventiva de las prótesis PIP sin carácter de urgencia, incluso en ausencia de sintomatología clínica o deterioro de la prótesis.

La retirada de prótesis intactas normalmente no suele presentar complicaciones, más allá de los riesgos inherentes a todo tipo de cirugía y de anestesia general. Sin embargo cuando la prótesis queda rota en el organismo, esa retirada puede presentar más dificultades que se suman a los riesgos propios de cualquier intervención.

¿Qué hacer?

La opinión de OCU

La decisión de retirar las prótesis acaba con meses de incertidumbre, pero la polémica sigue en la calle y en los tribunales ¿Quién es responsable? ¿Quién debe correr con los gastos? ¿Qué implicaciones tiene haber llevado estas prótesis defectuosas durante años?

Tal como ahora reconoce el Ministerio de Sanidad, estamos hablando de una cuestión de salud pública. Desde la OCU opinamos que no se pueden recortar los derechos de las afectadas de acceder a la sanidad pública para ser tratadas. Por lo que si el cirujano privado o la clínica que ha procedido a la implantación de las PIP en su día, no asume la retirada de las prótesis, es la Sanidad pública quien debe tratar a las afectadas.

Desde OCU animamos a que el Sistema Nacional de Salud investigue lo sucedido y porqué fallaron los controles. Fabricantes, distribuidores, clínicas, cirujanos y administración podrían haber hecho más para garantizar la seguridad de las mujeres a las que se les estaban implantando prótesis fraudulentas con gel industrial. No es justo que solo una parte, las pacientes sean quienes deban acarrear con las consecuencias. Ante las últimas evidencias científicas, es el derecho de las pacientes lo que debe prevalecer.


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