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La OCU pide la suspensión del euro por receta también en Madrid

16 enero 2013

16 enero 2013

Tras la suspensión cautelar del cobro del euro por receta médica en Cataluña por parte del Tribunal Constitucional, la OCU considera que la Comunidad de Madrid también debería aparcar sus ansias recaudatorias y suspender el cobro de esta tasa por iniciativa propia.

Una vez conocida la suspensión cautelar del cobro de un euro por receta en Cataluña, adoptada por el Tribunal Constitucional, hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la OCU considera que la Comunidad de Madrid también debería aparcar sus ansias recaudatorias y suspender, por iniciativa propia, el cobro de esta tasa en su territorio.
 
La OCU mantiene que, por una cuestión de respeto hacia los pacientes madrileños y por coherencia jurídica ante casos exactamente iguales, las autoridades madrileñas deberían esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta medida en lugar de continuar cobrando esta tasa.

La Comunidad de Madrid parece haber olvidado el propósito de esta medida, justificada por sus responsables al considerarla no recaudatoria, sino enfocada a promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Pero, a pesar de ello, la Comunidad redobla sus esfuerzos y sus gestores siguen empeñados en mantenerla, en lo que parece una especie de fanatismo recaudatorio similar al de la Generalitat catalana.

Por este motivo, la OCU pide al Ejecutivo central la máxima celeridad para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la norma madrileña, ya que mientras tanto cientos de miles de madrileños seguirán pagando un importe con base en una normativa de cuya constitucionalidad tenemos serias dudas.

Finalmente, la OCU quiere recordar a todos los usuarios que pueden negarse a pagar la tasa, pero si firman el formulario destinado a ello, disponible en las farmacias, la Administración podría reclamárselo en vía de apremio. Si el TC termina declarando inconstitucional la medida, ni la Comunidad de Madrid ni la Generalitat catalana podrán reclamar cantidad alguna a los insumisos.


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