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TTIP: más poder para las grandes empresas

29 octubre 2014
TTIP

29 octubre 2014

A los consumidores no nos gusta que decidan a nuestras espaldas cuestiones que nos afectan directamente. A menudo sucede, de hecho, está pasando. Pedimos transparencia, información y que no se sacrifiquen derechos de los consumidores en aras de intereses comerciales poco claros.

Los derechos de los consumidores se defienden en Europa. Y muchas de las decisiones que nos competen a todos se toman allí también. Para que te hagas una idea, asuntos como las compensaciones por retrasos en transportes o las devoluciones en las compras a distancia se han decidido a nivel europeo.

Ahora se está trabajando en un nuevo proyecto, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos y con el que se busca potenciar el comercio y la inversión transatlántica, fomentar el crecimiento y crear puestos de trabajo. ¿Lo sabías? No, porque esta negociación es muy confidencial, casi secreta, hasta el punto que incluso el Parlamento Europeo, que deberá votarlo, tiene muy poca información. Y sin embargo, este acuerdo tiene implicaciones directas para los consumidores.

¿En qué te afectará?

De salir adelante el TTIP como se está planteando, los efectos en la vida cotidiana de los consumidores europeos no tardarán en hacerse notar:

  • Pueden llegar al mercado europeo alimentos que no se han producido de acuerdo con las normas de seguridad europeas, con el consiguiente riesgo. En la Unión Europea la seguridad alimentaria se basa en el principio de precaución, mientras que en Estados Unidos lo hace en la "certeza razonable de ausencia de daño".
  • Podría ser la vía de entrada de productos que incluyan en su composición sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea… que sin embargo sí se usan en productos y cosméticos americanos.
  • Se resentirán las normas de protección de datos: en la Unión Europea, los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales, en todos los ámbitos, son fundamentales, mientras que en Estados Unidos esta protección de los consumidores se limita a áreas como niños e Internet, salud y  servicios financieros.
  • Se consagrará un nuevo sistema de arbitraje, Resolución de Controversias Inversor-Estado o ISDS (Investor-State Dispute Settlement), que permite a los inversores extranjeros demandar a un gobierno ante órganos arbitrales, no ante los tribunales, y reclamar compensaciones financieras si consideran que sus inversiones y beneficios están siendo obstaculizados por una decisión política a nivel nacional, regional o local (compensaciones que pagaríamos todos los contribuyentes).

¿Por qué nos preocupa?

  • Porque pueden verse afectados derechos fundamentales de los consumidores (a la seguridad de los alimentos y de los productos, a la privacidad), por los que OCU y las demás organizaciones europeas de consumidores han combatido durante años.
  • Porque iniciativas como el sistema de arbitraje del ISDS puede suponer que los derechos e intereses de todos queden supeditados a los intereses comerciales de una compañía, que tendría ahora un instrumento directo de presión sobre los gobiernos: si el dictamen del ISDS es desfavorable, los Estados (y los ciudadanos) deberían afrontar duras compensaciones, lo  que puede suponer un gran elemento disuasorio a la hora de aprobar normas en materia sanitaria, protección de los consumidores o medioambiente, por miedo a ser demandados por las empresas.

Recurrir al arbitraje en vez de a los tribunales es ciertamente peligroso ¿Quién integrará ese órgano arbitral? ¿Estamos seguros de su imparcialidad, de su falta de interés? Si sigue adelante esta propuesta, que cuenta con claras voces en contra (a las que se suma la de OCU, en nombre de todos los consumidores), podrían darse en España casos como la demanda de Philip Morris a Uruguay, Australia y Noruega por las medidas adoptadas para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los menores de edad y las mujeres, frente a los riesgos derivados del consumo de tabaco.

Qué pide OCU

En OCU pensamos que tanto el gobierno de España como las instituciones europeas se deben a sus ciudadanos antes que a los inversores internacionales, y deben defender sus derechos antes que los intereses de las grandes compañías. Por ello pedimos que el Secretario de Estado de Comercio retire la solicitud por la que insta a la Comisión a asegurar la presencia del ISDS en el texto final del tratado.

Un tratado de libre comercio con Estados Unidos puede por supuesto ser beneficioso... pero no a cualquier precio. Y menos cuando son los intereses de los consumidores y la salud misma de las instituciones democráticas las que están en juego.


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