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Copago judicial: Justicia lenta, ineficaz... y más cara

25 enero 2012
Copago judicial

25 enero 2012

La intención del Gobierno de establecer un nuevo Copago Judicial es una mala noticia para los consumidores, pues estas medidas van a encarecer el acceso a la justicia para los ciudadanos, dificultando la defensa de sus derechos.

El Ministro de Justicia ha anunciado hoy en su comparecencia en el Congreso la intención de establecer un nuevo Copago Judicial. Ésta es una mala noticia para los consumidores, pues va a hacer el acceso a la justicia para los ciudadanos más caro de lo que ya es.

Los consumidores, descontentos con la justicia

Una reciente encuesta de la OCU (Noviembre 2011) puso en evidencia la pésima opinión de los consumidores sobre la justicia: un 78% de los encuestados por la OCU estaban insatisfechos con la justicia. Las razones eran claras.

  • La lentitud de los procesos, (de 15 a 30 meses de duración dependiendo del procedimiento),
  • La ineficacia, más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio
  • Y, sobre todo, lo caro que resulta ir a tribunales. El coste medio de un juicio era de 8.400 euros, con una gran variación dependiendo del procedimiento.

Pero si ya era cara, ahora lo será aún más, pues su coste puede aumentar de instaurarse este nuevo copago judicial.

Una medida que perjudica al usuario de a pie

El encarecimiento del acceso a la justicia tendrá un efecto negativo para los consumidores, y supondrá una traba más para acudir a dirimir sus asuntos ante el juez.

De esta forma, las compañías con las que contrata y que no atiendan las reclamaciones adecuadamente podrán seguir impunemente con sus abusos, sabiendo que el consumidor rara vez va a ir a juicio por los trastornos, la lentitud y sobre todo el elevado coste de los procedimientos. Es de esperar que esas compañías "abusonas" se aprovechan de ese mal funcionamiento de la justicia para seguir incumpliendo sus compromisos con los consumidores. Todos tenemos ejemplos en mente: empresas de suministros, entidades financieras o, por ejemplo, las compañías aéreas, con el pago de las compensaciones automáticas por cancelaciones y overbooking, en lugar de pagar directamente las compensaciones automáticas, no atienden las reclamaciones y no suelen pagar a menos que los lleves a juicio, pues saben que quien llega a ese extremo es una mínima parte de los usuarios afectados.

También será más difícil aún reclamar judicialmente contra la Administración en vía contenciosa por parte de los particulares, para defenderse de las decisiones incorrectas de las distintas administraciones, porque es necesario ir acompañado de abogado y procurador para cualquier reclamación, aunque sea una mera multa de tráfico, y donde el coste y plazo de resolución de los procesos es todavía mayor que en otros procedimientos.

Y para poner las cosas más cuesta arriba, ahora hay que contar con la posibilidad de la condena en costas al reclamante si desestiman su petición en procesos judiciales contra la Administración, introducida por la reciente reforma procesal, lo que desincentiva todavía más el acceso del ciudadano a los tribunales y, en la práctica, reduce sus posibilidades de defender sus derechos.

La OCU opina

A juicio de la OCU, antes de optar por soluciones que encarecen y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos, habría que fomentar unos sistemas extrajudiciales eficaces de resolución de conflictos, como el arbitraje, para así garantizar la protección de los consumidores. Mientras estos sistemas extrajudiciales sean voluntarios para las empresas, seguirán dirimiéndose en los juzgados asuntos que no tendrían por qué llegar allí, pues no queda más alternativa a quien quiera reclamar sus derechos frente a particulares, empresas o Administración. Y defenderlos será ahora más difícil.


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