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Registradores y notarios cobran de más por las escrituras de cancelación de hipotecas

08 febrero 2019
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08 febrero 2019

Los Registradores y Notarios inflan sus facturas por escrituras de cancelación, novación y subrogación de hipotecas. OCU sigue denunciando el cobro abusivo de aranceles y pide al Ministerio de Justicia y a la Fiscalia General del Estado que tomen medidas para conseguir que se cumpla la Ley. 

OCU denuncia una vez más que registradores y notarios están cobrando de más en las escrituras de cancelación, novación y subrogación de hipotecas. Una interpretación interesada de la normativa se traduce, desde hace años, en una sensible subida de los aranceles. Los privilegios de estos colectivos, que incumplen la normativa y hacen caso omiso a las sentencias judiciales, perjudican gravemente a los consumidores. El Gobierno debe tomar medidas.

Se triplica el coste 

A partir de mayo de 2012 se triplicó el coste de las cancelaciones de hipotecas, las novaciones y las subrogaciones hipotecarias: aplicando el arancel correctamente una escritura de cancelación de hipoteca supondría unos 70 euros de gastos de notario y 24 euros de registrador, pero con la interpretación que hacen los fedatarios públicos, los notarios cobran más de 200 euros por la cancelación, y los registradores, 100 euros: en conjunto, más del triple.

Registros y Notarías ignoran a la Justicia

OCU lleva años denunciando el cobro abusivo del arancel, y no somos los únicos.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado en distintas ocasiones que los registradores estaban aplicando incorrectamente el arancel. Los Registradores recurrieron reiteradamente, pero finalmente el Tribunal Supremo, en sentencia de 4 junio de 2018, ha confirmado la aplicación incorrecta del arancel por parte de los registradores. Los argumentos del Supremo se podrían aplicar también a los notarios.

No obstante, pese a la sentencia del Tribunal Supremo, registradores y notarios siguen aplicando mal el arancel y cobrando de más a los usuarios, que además ven muy reducidas las posibilidades de reclamar su dinero: notarios y registradores cuentan con un sistema privilegiado de reclamaciones que en la práctica solo concede 15 días hábiles a los consumidores para impugnar las minutas.

OCU toma medidas

Es urgente que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado tomen cartas en el asunto, obligando a notarios y registradores a cumplir las normas, y por eso desde OCU nos hemos dirigido a las autoridades judiciales con nuestra denuncia.

También vamos a ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios para solicitar una reforma del sistema notarial y registral que acabe con los privilegios de un colectivo que está incumpliendo impunemente la Ley y perjudica a los  consumidores. En concreto, pedimos que:

  • Notarios y registradores tengan el mismo régimen que el resto de los funcionarios del Estado, cobrando un sueldo público y no facturando directamente a los consumidores a través de un arancel que interpretan en su propio beneficio y que encarece de forma injusta e injustificada el acceso a la vivienda de los consumidores.
  • Que el Catastro y el Registro de la Propiedad se integren en una sola institución, en línea con lo que ocurre en otros países de la Unión Europea.
  • Que se adopten con urgencia las medidas legislativas necesarias para modificar los procedimientos de reclamación de las minutas de notarios y registradores, para que sean verdaderamente efectivos y se eliminen de esta forma los privilegios que tienen notarios y registradores, perjudiciales para los consumidores.