Informe

Deudas y morosos al mejor postor

07 febrero 2019
Registro de morosos

07 febrero 2019

Algunas entidades impagadas prefieren vender su lastre de morosos y que sean otros quienes traten de cobrar. Es legal, pero no lo son muchas de sus pautas. Abordamos todos los aspectos sobre venta de deudas y morosos, desde ambas perspectivas.

¿Es legal vender deudas?

Que una empresa venda la deuda que mantienen otros con ella es totalmente legal, aunque se deben seguir una serie de pautas legales. De hecho, en la mayoría de los contratos bancarios y de los contratos de crédito financiación y de servicios existe un acuerdo entre entidad y cliente que permite al acreedor vender la deuda sin ningún tipo de autorización por parte del deudor.

Así, que una persona a la que se le reclama una deuda se niegue a pagarla amparándose en que no ha autorizado la venta de dicha deuda, no le servirá de nada. La cesión de créditos modifica la titularidad de los mismos. La obligación continúa y el nuevo acreedor cuenta con las mismas garantías que tenía el anterior sistema, según prevé el artículo 1.209 y siguientes del Código Civil.

En el caso de cesión de créditos, que es como se denomina a esta venta, a una empresa gestora de cobros, se debe comprobar que los datos que inicialmente se tienen del deudor se obtuvieron legalmente, ya que eran necesarios para el desarrollo de la relación  empresa-cliente, y así lo ampara la Ley.

Una vez comprobado que la gestora de cobros puede utilizar y tratar los datos del cliente deudor, se debe verificar si la inclusión de estos datos se hace también por un procedimiento legal. Para ello, los requisitos son los siguientes:

  • Que se trate de deudas de carácter dinerario, líquidas vencidas y exigibles
  • Que se haya informado al deudor en el momento de la contratación del bien o servicio sobre la posibilidad de inclusión en un fichero, o bien al existir la deuda al requerirle el pago. 
  • Que la existencia o cuantía de la deuda no hubiera sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un proceso alternativo de resolución de disputas vinculante (arbitraje de consumo).
  • Que el importe de la deuda sea superior a los 50 euros.

Criterios dispares

La Nueva Ley no desarrolla la forma en cuanto a las notificaciones que deben de realizarse al deudor. En todo caso, la carga de la prueba le corresponde al titular del fichero o sistema de información crediticia.

Sin embargo, algunas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos se refieren a que si no existe una prueba del requerimiento no podría incluirse la deuda en el “fichero de solvencia” toda vez que el dato “no es de calidad”.

Así, podemos concluir que la inclusión de datos de un deudor en los llamados “registros de morosos” o sistema de información crediticia puede realizarla el acreedor o quién lo hace por su cuenta o interés.