Informe

Deudas y morosos al mejor postor

07 febrero 2019
Registro de morosos

07 febrero 2019

Algunas entidades impagadas prefieren vender su lastre de morosos y que sean otros quienes traten de cobrar. Es legal, pero no lo son muchas de sus pautas. Abordamos todos los aspectos sobre venta de deudas y morosos, desde ambas perspectivas.

¿Es legal que te metan en un registro de morosos?

La inclusión de un deudor en un registro de morosos en la primera opción que se plantean las entidades que se dedican a tratar de realizar estos cobros, aunque primero amenazarán con hacerlo. Cuidado, porque es fácil de realizar la inclusión bajo el amparo de criterios ambiguos o poco claros. Es más, se cuentan por cientos los casos de inclusión en ficheros de morosos de personas que realmente no lo eran.

La normativa de protección de datos establece que se podrá proceder a la inclusión de datos personales en estos ficheros, que sirven para enjuiciar la solvencia económica del afectado, cuando concurran los siguientes requisitos, regulados en el Artículo 20 y en la Disposición Adicional 6ª de la Nueva Ley Orgánica 3/2016, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:

  • Que exista previamente una deuda cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada.
  • Que no hayan transcurrido 5 años desde la fecha de cumplimiento de la obligación de pago.
  • Que se haya informado al cliente en el momento de la contratación del bien o servicio de la posibilidad de incluirlo en un fichero, o bien al existir la deuda al requerirle el pago.
  • Que los datos hubieran sido facilitados por el acreedor o por quién actúe por su cuenta o interés.
  • Que la existencia o cuantía de la deuda no hubiera sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un proceso alternativo de resolución de disputas vinculante (arbitraje de consumo). 
  • Que el importe de la deuda sea de más de 50 euros.

Además, el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de estos requisitos.

El responsable del fichero deberá informar a los interesados de que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación en el tratamiento durante un plazo de 30 días desde su inclusión en dicho fichero.

La ley ampara al ciudadano en el sentido de reconocerle los derechos de acceso al fichero para solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal incluidos en el mismo, así como los derechos de rectificación y cancelación (si hubiese pagado) y oposición (si se hubiese obviado algún paso). Estos derechos son personalísimos y sólo podrán ser ejercitados por el afectado.

El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 3/2016, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Mentir como argumento

En ocasiones, se suplanta la personalidad y se genera un contrato con la apariencia de ser la persona, pero se han facilitado datos de un tercero que no conoce ni dio sus datos ni su consentimiento, generándole unas supuestas obligaciones contractuales y de pago.

Existen empresas de cobros que no dudan en falsear la información de que disponen o añaden datos que van en su favor y omiten los que no les convienen.

En cualquier caso, las empresas de cobros de morosos existen desde hace décadas. Se han disfrazado de frac, de monje, de pantera rosa... Sus prácticas también se han puesto en duda en ocasiones. Es importante cumplir con la normativa, pues las entidades que mantienen el sistema de información crediticia y los acreedores tienen la consideración de corresponsables en el tratamiento de los datos referidos a sus deudores. En esos casos, y dependiendo del acuerdo entre los mismos, se determinará la responsabilidad de cada uno.