Informe

Deudas y morosos al mejor postor

07 febrero 2019
Registro de morosos

07 febrero 2019

Algunas entidades impagadas prefieren vender su lastre de morosos y que sean otros quienes traten de cobrar. Es legal, pero no lo son muchas de sus pautas. Abordamos todos los aspectos sobre venta de deudas y morosos, desde ambas perspectivas.

Cobrar a cualquier precio

El grave problema que surge con las empresas que compran deuda y se dedican a tratar de cobrarla, la mayoría de ellas entidades jurídicas, es que sus prácticas son, en multitud de casos, ilegales.

En la OCU hemos comprobado que son habituales, por parte de estas empresas, las coacciones, los engaños, ocultar y enmascarar la realidad, el tono amenazador, despectivo e incluso violento y, sobre todo, las amenazas, y si es necesario con gritos intimidatorios incluidos del tipo: "¡O pagas 300 euros esta semana, o la que viene serán 900 y en los Juzgados!". Para la mayor parte de estas empresas casi siempre vale todo. En cualquier caso, de recibir amenazas por parte de gestores de cobros, deben denunciarse siempre.

Estas prácticas ya han tenido sentencias condenatorias. Sin ir más lejos, la Audiencia Provincial de Alicante condenó en 2012 por coacciones a un empleado de una empresa especializada en cobro de deudas a morosos, que utilizó "técnicas intimidatorias" en 2008. Este hecho fue calificado en el Juzgado como una medida "al margen de los cauces legales".

Y eso que inicialmente, un Juzgado de Denia había absuelto a este empleado, pero la Audiencia revocó la decisión. Aunque lo importante de esta sentencia es que sentó precedente y, gracias a ella, se acotaron legalmente las formas de algunas de estas empresas. Muchas continúan con sus prácticas abusivas, pero ya saben a lo que se enfrentan y también pueden saberlo quienes se ven atosigados por ellas.

El fallo también consideró responsable civil subsidiaria a la empresa para la que trabajaba el condenado, que tuvo que indemnizar con 300 euros a los denunciantes por "el evidente perjuicio moral causado como consecuencia del escarnio público sufrido".

Otro ejemplo lo encontramos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, la cual condenó en 2013 a una empresa por realizar diariamente entre 4-5 llamadas consecutivas amenazando al afectado con la reclamación judicial de la deuda y su inclusión en un fichero de morosos.

También está el caso de una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, que en 2016 condenó a una compañía por un delito leve de coacciones a la pena de 50 días de multa a razón de 8 euros por día.