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Alegaciones de la OCU al Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

21 noviembre 2012 Archivado
Ley cadena alimentaria

21 noviembre 2012 Archivado

La OCU ha realizado una serie de alegaciones a este Anteproyecto de Ley, que valoramos positivamente en líneas generales, pues en principio contribuirá a que se establezca mayor equilibrio y transparencia en el mercado, y que redundará en beneficio de los consumidores.

La OCU ha realizado una serie de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que detallamos a continuación:

Alegaciones generales

1. La OCU defiende la libre competencia porque es fundamental para garantizar la libertad de elección de los consumidores, que es uno de sus derechos fundamentales.
 
2. El mercado debe funcionar con arreglo a una competencia efectiva. Esto significa que debe existir equilibrio entre los distintos actores en el mercado para que los consumidores puedan beneficiarse de una oferta suficiente de productos, de buenos precios, de la innovación.

3. En mayo de 2009, un estudio del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC) revelaba la falta de competencia en el mercado de distribución de bienes de consumo en dicha región. Sin necesidad de que haya un acuerdo expreso, las políticas de las grandes cadenas líderes (Carrefour, Mercadona y Eroski) acaban eliminando la competencia en el mercado de distribución minorista. En la práctica, esto perjudica al consumidor. Basándose en gran cantidad de datos, incluidos los estudios anuales de supermercados de la OCU, el informe del TVDC revelaba que el mercado de la distribución de bienes de consumo diario presenta una estructura muy concentrada (oligopolio), que puede tener como efecto la eliminación de la competencia en el mercado de distribución minorista.

Según el estudio, la posición dominante colectiva de Carrefour, Mercadona y Eroski les permite exigir a sus proveedores pagos y condiciones comerciales desproporcionadas, que repercuten en el precio minorista de esos productos, por el efecto de la normativa que prohíbe la venta a pérdida y el paralelismo de precios entre los grandes distribuidores. Según el mismo estudio, la marca blanca, que no debe hacer frente a los pagos y condiciones comerciales desproporcionadas, goza de un tratamiento de favor frente a la marca de fabricante, que puede acabar siendo expulsada del mercado. En la práctica, esta situación afectaría a los consumidores, que tienen menos posibilidades de elección y a menudo deben pagar precios más altos.

4. Un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario llega a las siguientes conclusiones:

  • Aumenta de la concentración de los distribuidores. A nivel nacional, la cuota de mercado conjunta de los cuatro principales operadores ha pasado del 48,7% en 2002 al 58% en 2009. A nivel autonómico, la concentración también se ha incrementado en la mayoría de comunidades.
  • Crece el protagonismo de los supermercados medianos y grandes frente a otros formatos comerciales. En la actualidad, los supermercados constituyen el formato dominante, concentrando el 47% de las compras en alimentación realizadas por los hogares. Durante los últimos años, la mayor relevancia de este formato comercial, favorecido por el carácter restrictivo de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LCM), ha venido acompañada de una pérdida de importancia del comercio minorista tradicional, cuya cuota de mercado ha pasado del 35,6% en 1995 al 27,7% en 2009.
  • Aumenta la cuota de mercado de la marca de distribuidor (MDD), que ha pasado del 22% en el año 2003 al 34% en 2009. Este aumento ha tenido lugar en prácticamente todas las categorías, aunque persisten notables diferencias por productos.

Según la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), todos estos factores, unidos a otros fenómenos que han caracterizado también la evolución del sector en los últimos años, como es el caso de los procesos de integración vertical, la creación de centrales de compras, o el aumento del carácter restrictivo de la legislación comercial desde mediados de los años noventa, han contribuido a incrementar sensiblemente el poder de negociación de los distribuidores frente a los fabricantes.

A corto plazo, el mayor poder de negociación de los grandes distribuidores puede tener un impacto positivo en el bienestar, siempre y cuando exista un nivel de competencia suficiente entre distribuidores y éstos trasladen total o parcialmente a los consumidores las mejoras de los términos de intercambio con sus proveedores, obtenidas mediante su mayor poder de negociación. No obstante, a largo plazo, los efectos del poder de negociación sobre el bienestar son ambiguos, pues ese efecto positivo puede verse compensado por el riesgo de que el mayor poder de negociación afecte negativamente tanto a la competencia intermarca (entre fabricantes) como a la intramarca (entre distribuidores), así como a los incentivos y a la capacidad de invertir e innovar de los fabricantes.

El desarrollo de la MDD juega un papel especialmente importante a este respecto. El impacto a medio y largo plazo del mayor poder de negociación de los distribuidores depende en gran medida de la forma en que éstos lo ejerzan y del grado de competencia efectiva que exista en el mercado de la distribución. Cuanto más generalizada y más extendida esté la utilización por parte de la gran distribución de determinadas prácticas comerciales, y cuanto menor sea la competencia efectiva en el mercado de distribución, mayor es la probabilidad de consecuencias perjudiciales para la competencia y para el bienestar de los consumidores.

Las prácticas más perjudiciales identificadas por la CNC serían la no fijación por escrito de las condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas de dichas condiciones, la excesiva antelación con la que los distribuidores solicitan información a los proveedores sobre determinadas características del producto, las cláusulas de cliente más favorecido y la exigencia a un proveedor de información comercial sensible sobre otros distribuidores con los que opera.

5. Un informe reciente de Consumers International, organización a la que pertenece la OCU y otras asociaciones de consumidores españolas miembros del CCU, sobre la relación existente entre los supermercados y sus proveedores y las implicaciones de las mismas para los consumidores (The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?), también identifica la mayoría de dichas prácticas y el impacto que las mismas tienen sobre los consumidores.
 
6. La OCU comparte las preocupación por la mayoría de las conclusiones de estos informes, ya que coinciden con la tendencia que venimos constatando en nuestros últimos estudios de supermercados respecto a una cada vez mayor concentración en el mercado de la distribución (cada vez hay menos enseñas, lo que ejerce presiones inflacionistas en los precios) y, aunque no podamos determinar que sea consecuencia única o directa del creciente poder de negociación de los distribuidores, constatamos una menor oferta de marcas en los establecimientos encuestados.

A juicio de la OCU, el efecto de “exclusión” de marcas de fabricante afectaría sobre todo a marcas con cuotas de mercado intermedias. De confirmarse esta tendencia, podría llegarse a una situación en la que la oferta se viera reducida a las marcas blancas y a las marcas líderes, lo que limitaría la capacidad de elección del consumidor y podría tener un efecto muy perjudicial.
 
7. Con independencia de nuestros comentarios sobre algunos puntos concretos que recogemos a continuación, de forma general valoramos positivamente este Anteproyecto de Ley, porque entendemos que en principio contribuirá a que se establezca un mayor equilibrio y transparencia en el mercado, que redundará en beneficio de los consumidores.

De hecho, el anteproyecto trata de acotar los principales problemas identificados en los informes a los que nos acabamos de referir.

Alegaciones particulares

Éstas son nuestras alegaciones particulares al Anteproyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que puedes consultar en pdf.

1. Artículo 5 (f): ¿Qué es un contrato de integración?, ¿a qué se refiere exactamente?, ¿por qué se define aquí si después no se regula en detalle ni se refiere a él el resto del texto.

2. Artículo 8: Se debe completar añadiendo “y con carácter previo al perfeccionamiento de la relación comercial”.

3. Capítulo II: En el comentario general debería recogerse que algunas de estas prácticas comerciales abusivas ya se encuentran prohibidas por la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y que por tanto esta Ley se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de competencia desleal. En particular, en el artículo 8 (prácticas agresivas), el artículo 11 (actos de imitación), el artículo 12 (explotación de la reputación ajena), el artículo 13 (violación de secretos) o el artículo 16 (discriminación y dependencia económica).

4. Artículo 11: El artículo 30 del Código de Comercio vigente establece una obligación para los empresarios de conservar "libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio (...) durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros”. Por lo tanto, entendemos que toda la documentación a que se refiere este artículo 11 debería conservarse también durante 6 años.
 
5. Artículo 13: En ningún caso se debería poder exigir información sobre cualquier producto en desarrollo o de próximos lanzamientos, porque esto tendría un impacto nefasto en los incentivos para invertir en innovación por parte de los fabricantes.

6. Artículo 14 (2): Este precepto es fundamental para evitar confusión en los consumidores.

7. TITULO III: Dado el impacto que el buen funcionamiento de las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de valor de la alimentación tiene sobre los intereses de los consumidores, su regulación debe realizarse mediante normas emanadas del legislador, y no mediante sistemas de autorregulación. Por esta razón no entramos a valorar este título.

8. Artículo 21: De forma expresa se debe considerar la representación de los consumidores a través de sus asociaciones.

9. Artículo 23: Dado el importante impacto que tienen en los intereses económicos de los consumidores unas buenas relaciones comerciales a lo largo de la cadena de valor alimentaria, las infracciones recogidas en este precepto no deberían considerarse infracciones leves. El único criterio de gravedad es la reiteración.

10. Artículo 24: Los montantes de las sanciones son realmente pequeños como para tener el suficiente efecto disuasorio. Deberían incrementarse e incluso fijarse un montante máximo, que se estabvleciese como un porcentaje sobre el valor del contrato en cuestión. Además, creemos que las sanciones deben de ser públicas y comunicarse como mínimo a las asociaciones sectoriales y de consumidores.

11. Artículo 25: La falta de criterios para la graduación de las sanciones puede suponer que en la práctica muchas se vean anuladas por los tribunales. Por ello deberían establecerse directrices interpretativas acerca de cómo se fija el montante de dichas sanciones, tal y como se hace en la Comunicación de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1,2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia y de los artículos 82 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.


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