Ante la irresponsable huelga anunciada por el SEPLA: La OCU pide su regulación

Como sucede cada vez que un colectivo consciente de su poder, como lo es el SEPLA, plantea una situación de huelga lo hace confrontándolo a otro derecho tan constitucional como el de la huelga: el que tenemos los usuarios de los servicios de interés general a su correcto funcionamiento. En lugar de procurar limitar el efecto negativo sobre los usuarios, lo hacen procurando que el daño sea el mayor posible sobre el mayor número de personas, que se convierten así en rehenes de un grupo muy reducido de irresponsables que, en ningún momento, consideran la irreversibilidad y magnitud de los perjuicios y, si lo hacen, lo hacen para exarcerbarlos.

La OCU entiende que ya es hora de que nuestros legisladores tomen en serio el mandato constitucional que, en el artículo 28 de la Carta Magna, establece que la ley que regule el ejercicio del derecho de huelga, "establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad" (el transporte público lo es).

En ocasiones como la que se plantea, la situación de los usuarios se hace absolutamente inaceptable no sólo porque muchos de ellos ya han realizado las reservas de viajes y alojamientos para sus vacaciones sino porque, a la dificultad (imposibilidad en muchos casos) de anular esos contrato se une el hecho de que no tienen alternativas para esos desplazamientos ya que Iberia es la única que cubre determinados trayectos.

Urge acabar con el abuso de un grupo reducido de trabajadores privilegiados que saben, además, que al final, tras producir un perjuicio máximo a los consumidores, acabarán el conflicto consiguiendo lo que pretenden y sin afrontar ninguna consecuencia negativa. Y eso sólo puede conseguirse por medio de una regulación que establezca limitaciones al ejercicio de este derecho en los servicios esenciales de la comunidad en los momentos en que su demanda social es más importante. Los poderes legislativos tiene la obligación de compaginar el ejercicio de dos derechos constitucionales cuando, como es el caso, entran en conflicto. Algo que hasta hoy está pendiente, ya que el establecimiento de unos servicios mínimos (generalmente incumplidos), se ha revelado como medida absolutamente insuficiente, máxime cuando los niveles de incumplimiento suelen ser escandalosos.

Esta urgencia se la ha transmitido hoy la OCU a los Grupos Parlamentarios del Congreso.