La OCU presenta una demanda contra la academia Quick Center
La OCU ha presentado en nombre de 20 afectados, una demanda en los Juzgados de Madrid por los cursos de inglés ofertados por la academia Quick Center. La demanda se dirige, además de contra esa academia, contra cuatro entidades financieras.
En la demanda se pide al Juez que anule o resuelva, según los casos, los contratos de enseñanza y de crédito (que la OCU considera vinculados), y que condene a Quick Center y a las entidades financieras a devolver a los alumnos el dinero que pagaron por los cursos (unos 33.000 euros, es decir, algo más de 5,5 millones de ptas) más los intereses correspondientes.
Quick Center empleó técnicas "agresivas" en la captación de alumnos para sus cursos, a quienes les convencían diciéndoles que dichos cursos estaban subvencionados o que había unas becas. Después de unas pruebas para las subvenciones o becas, que los alumnos siempre superaban, se les decía que el precio quedaba rebajado a la mitad (alrededor de 300.000 pesetas) y se les urgía a suscribir el contrato. Entre los documentos que los alumnos firmaban, figuraba un contrato de crédito con una entidad financiera (contrato que estaba en poder de Quick Center), dándose cuenta que lo habían suscrito con posterioridad (muchos de los alumnos creían que era una domiciliación bancaria para los recibos del curso)
La demanda de la OCU se basa, fundamentalmente, en la existencia de vinculación entre el contrato de enseñanza y el de crédito, en vicios del consentimiento (error, dolo o violencia) cuando el alumno suscribió los contratos y en vicios de forma en los mismos. En cuanto a los vicios de forma, no constaba en los contratos, como era obligatorio, la facultad de desistimiento, que fue ejercitada en plazo por la mayor parte de los alumnos. Por último, la resolución de los contratos se apoya en el incumplimiento de los mismos (no entrega de material, defectos en el mismo, no prestación de las clases, etc.) por parte de Quick Center.
Según el Director General de la OCU, José María Múgica, "al tratarse de un procedimiento promovido por la OCU, asociación constituida para la protección de los derechos de todos los consumidores y usuarios, entendemos que procede hacer un llamamiento a todos los consumidores que se consideren perjudicados por haber contratado los cursos ofrecidos por Quick Center y su financiación vinculada". En función de lo establecido en el art. 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la OCU ha solicitado al Juez que, una vez que se admita a trámite la demanda, ordene el anuncio al público la existencia del procedimiento para que los afectados que lo deseen puedan unirse al mismo.
La OCU es una organización de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro que nació en 1975, inspirada en las que ya existían en el Norte de Europa. Desde la independencia, sus profesionales elaboran información especializada en materia de consumo y pretenden acercar la respuesta a sus problemas, primero, a sus socios y, por extensión, a todos los consumidores, cuya voz está presente ante los distintos ámbitos de decisión en nuestra sociedad. Actualmente la OCU forma parte de la estructura internacional Conseur, integrada por las asociaciones hermanas de Bélgica, Italia, Portugal, Francia y Luxemburgo, que agrupan a más de un millón de familias asociadas.