Abierto el juicio oral contra 35 imputados por el presunto fraude de las gasolineras

El pasado día 20 de julio del año 2000, el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid emitió auto de apertura de juicio oral en el procedimiento sobre el presunto fraude de las gasolineras, denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en enero de 1998 que ha sido dado a conocer ahora. En él aparecen como imputadas 35 personas. En calidad de responsables civiles subsidiarias, el juzgado enumera a un total de 16 empresas distribuidoras de gasolinas.

Asimismo el Juzgado exige una fianza para atender a las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedan fijarse en la sentencia a los administradores de las sociedades mercantiles titulares de las diversas estaciones de servicio, encargados y miembros del equipo de mantenimiento de las mismas en cuantías que superan los 5.300 millones de pesetas . Cuantía que debe ser efectiva por parte de dichos responsables, bien en metálico, bien mediante la prestación de la oportuna fianza, decretándose que para el supuesto de no llevarse a cabo ninguna de las dos anteriores se produzca el embargo de bienes de su propiedad para cubrir las sumas que se imponen judicialmente. Por su importancia destacan las fianzas impuestas a las gasolineras Cerro de la Cabaña SA (854.000.000 ptas), Lema SL (767.000.000), Los Olivos SA (615.000.000), San Blas SL (506.000.000) y José Rebuelta Moreno (491.000.000).

Dichas cuantías han sido fijadas por el Juez en atención a las peticiones de las acusaciones y del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta el presunto fraude cometido y los posibles perjudicados.

Ahora bien, la OCU desconoce el destino que se le daría a ese dinero en el caso en el que en la sentencia se establezcan responsabilidades civiles en forma de indemnizaciones, dado que en la actualidad no existen personadas en la causa personas físicas, que aleguen haber sufrido un daño y puedan demostrarlo. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la OCU ha propuesto ya que ese dinero fuere a parar a un fondo común gestionado por las asociaciones de consumidores para la realización de estudios sobre precisión y calidad de los combustibles.