La OCU lamenta esta decisión por entender que el propio auto de archivo
existen argumentos suficientes para la continuación de las actuaciones. Así
mientras en el auto se lee que "tras el detenido examen y la
valoración de las diligencias practicadas en autos no cabe inferir indicio
alguno de criminalidad en la actuación de los querellantes" y, sin
embargo, unas líneas más abajo lo explica justificando que "no todos
los querellados han suministrado medicación peligrosa ni todos los específicos
son susceptibles de generar riesgos en su administración ordinaria" lo que
expresa, con toda nitidez, que al menos algunos querellados sí lo han hecho y
algunos específico sí eran susceptibles de generar riesgos. "No todos"
no quiere decir "ninguno".
Por otro lado el segundo argumento para justificar la decisión es
que "no aparece acreditado dato de cualquier clase que permita
afirmar la existencia de riesgo cierto para la salud humana directa o
indirectamente determinado por la expendición de los medicamentos de referencia
en autos". Argumento que contradice cuanto está unánimemente
aceptado acerca de la incidencia de la administración incontrolada de
antibióticos a los animales y que la OMS califica como una de las causas
de aparición de cepas resistentes.
De nuevo, un tema de tanta gravedad pretende reducirse a "la eventual
comisión de alguna infracción administrativa". La OCU se pregunta si
para que un asunto se considere que atenta contra la salud pública es necesario
la constatación de que existen ya lesionados o fallecidos.
La OCU presentará mañana el correspondiente recurso al auto.