Internet: grave indefensión de los usuarios

La práctica, según ha podido comprobar la OCU es una realidad: existe la posibilidad de que, al navegar por Internet se entre, sin ningún tipo de aviso, en una ventana que "saque" al usuario de la conexión a su proveedor habitual (llamada que, habitualmente, se paga al precio de tarifa local) y le conecte a otro número de tarifa mucho más cara. Según datos en poder de la OCU la llamada puede derivarse a números de prefijo 906 2 cuyo coste es de 152 ptas/min en horario de tarifa punta y de 142 ptas/min en horario de tarifa reducida, con 15 ptas de establecimiento de llamada, dicho con otros números, ¡10.597 ptas la hora de conexión!

Esta práctica atenta directamente contra el derecho que tienen los usuarios de un servicio a conocer previamente su coste y contra la seguridad económica, ya que se produce un cargo que puede llegar a ser superior en cien veces a lo que él considera estar pagando sin advertencia previa y sin su conocimiento y, además, a través de un servicio de una empresa (la que está detrás del 906) no solicitado. La indefensión del usuario es mayor, si cabe, por el hecho de que no se conocen las páginas en Internet que realizan esta inaceptable práctica.

En algún caso el 906 al que se le ha derivado pasa a convertirse en el nuevo servidor del usuario que se entera cuando le llega la factura, a veces, con un importe muy elevado: es el caso de un usuario de Salamanca que se encontró conque 48 horas 21 minutos de navegación le significó un importe de casi 350.000 ptas en su factura, pese a tener contratada la tarifa plana. Sin aviso previo sus conexiones a Internet se realizaban a través del 906 424 088. Algo similar puede suceder si se descarga un programa dentro de la página "Gran Hermana" (con a) que engancha las conexiones a Internet al 906 420 407.

El texto inicial de esta nota, desgraciadamente, no se corresponde a una denuncia recibida en la OCU, sino, por increíble que pueda parecer, a la explicación que a esta práctica da el Jefe del Servicio de Reclamaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pone de manifiesto el nulo nivel de preocupación que existe por los intereses de los consumidores en quienes tienen la obligación de defenderlos. Una explicación que alcanza límites patéticos en la justificación que sigue: "Actualmente no existe ninguna norma restrictiva sobre el acceso a los 906 ni estos requieren autorización administración previa, ni están considerados servicios de telecomunicación". Pero sí existe una norma que obliga a la información previa de las tarifas de un servicios como base de la seguridad económica de los consumidores. Una norma que ignora, en la práctica, el Jefe del Servicio de Reclamaciones antes citado.

Ante esta situación, la OCU presentará hoy una queja ante el Defensor del Pueblo y enviará un escrito a la Ministra de Ciencia y Tecnología para que acabe con esta práctica intolerable, mucho más en cuanto que es conocida en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.