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El estudio sobre la calidad y el precio del agua de consumo está teniendo una amplia contestación por parte, principalmente, de los ayuntamientos en los que se detectaron problemas. El nivel de descalificación del estudio está alcanzando unos niveles poco habituales y las amenazas de demandas y querellas se repiten cada día. Por ello nos vemos en la obligación de salir al paso de esas manifestaciones.
Decir que nuestro trabajo no tiene fundamentación alguna ni el más mínimo rigor no es sólo una inaceptable falta de respeto al trabajo de nuestros técnicos si no que va también contra las miles de familias que, con su apoyo, hacen posible trabajos de la importancia del que nos ocupa y cuya trascendencia va más allá de los intereses concretos de los propios socios.
Por razones obvias de confidencialidad no podemos identificar las viviendas en que se realizó la toma. Pero podemos garantizar que se tomaron todas las precauciones recomendadas por nuestro laboratorio con el fin de garantizar una analítica con absoluta fiabilidad. De no ser así, difícilmente un laboratorio del prestigio nacional e internacional que la ha realizado podría asumir la responsabilidad de los datos. Y difícilmente, de no ser así, la OCU podría hacer suyas las conclusiones derivadas de esos datos. Nuestro compromiso con los socios y con todos los consumidores nos obliga al máximo rigor en todo cuanto hacemos.
Lo que este estudio ha pretendido, como otros tantos que venimos realizando, ha sido tomar una instantánea de la prestación de un servicio básico. Y lo que hemos encontrado no nos ha gustado. Es cierto que si la foto la tomáramos hoy el resultado podría ser distinto. Para bien o para mal. Pero no parece llamar al optimismo el hecho de que esa foto ofrezca resultados peores que la que tomamos en 2002.
Nuestra misión no es controlar, que para eso deben estar los responsables del servicio, en este caso, los ayuntamientos, sino señalar posibles problemas. Y en ese sentido, a veces, lo que descubrimos sacude el tranquilo aquí-no-pasa-nada… hasta que pasa.
Por respeto al derecho de información hicimos públicos los resultados del estudio, en los que nos ratificamos plenamente, y seguiremos atentos a la respuesta real que, más allá de las palabras y de las amenazas, darán los ayuntamientos al problema detectado, ya que nadie mejor que ellos conocen la realidad del agua de distribución en sus ciudades. Y, en cualquier caso, seguiremos con nuestros análisis cuyos resultados les ofreceremos.