Corte de luz: un planteamiento inaceptable
Lamentablemente, la nueva filosofía de que
"la seguridad se paga" sigue avanzando inexorablemente. La OCU ha salido al paso
de la velada acusación de que los responsables de la, en muchos casos, dramática
situación que se ha vivido en diversos lugares de la geografía española con
ocasión de los cortes de electricidad, son los propios consumidores. Según se ha
dicho han ido más allá de las exigencias (contratadas) en la demanda de energía
eléctrica, cuando esta afirmación, con los datos de las propias compañías,
resulta insostenible. Todo parece ir encaminado a conseguir el llamado efecto
California y hacer creer a los consumidores que para garantizar el suministro
eléctrico deben hacer frente a una subida de tarifas. La OCU espera del buen
sentido del Gobierno que no ceda a la presión de las compañías, tome las medidas
oportunas para que no vuelvan a repetirse situaciones como las de este fin de
semana y mantenga la bajada de tarifas comprometida.
Según los datos aparecidos en los medios, el
lunes se produjo un pico de demanda de 36.000 MW (megawatios) por lo que se tomó
la decisión de los cortes en varias Comunidades Autónomas, continuación de la
catástrofe del fin de semana en Cataluña. Pues bien, según el propio sector, en
1999, la potencia instalada en España era de 53.753 MW, 46.467 MW de ellos
pertenecientes a Unesa. La demanda del lunes era, pues, claramente inferior a la
potencia instalada por lo que difícilmente puede justificarse, a juicio de la
OCU, esta decisión. Otra cosa es la falta de previsión de las compañías
que sólo habían pedido a la Operadora del Mercado un máximo de 28.591 MW para la
hora punta del lunes.
Los consumidores pagan 232 ptas (más
su IVA correspondiente) por cada kW contratado, garantizándose así la
disponibilidad de esa electricidad (en el recibo, "término de potencia"). Si las
compañías contratan más de lo que pueden ofrecer o no hacen las previsiones
adecuadamente, la responsabilidad no admite dudas.
La pretensión de cobrar aún más para atender
al desarrollo de las infraestructuras es considerada por la OCU fuera de toda
lógica en la medida en que desde hace ya tiempo las compañías vienen cobrando
los CTC's cuyo objetivo es ayudar a las empresas en el proceso de adaptación a
la competencia, lo que, lógicamente implica, la renovación de las estructuras
que, sobre todo en Cataluña, se han revelado obsoletas para atender a las
exigencias de los consumidores. ¿Quién controla el destino de esas
cantidades multimillonarias? ¿Qué garantías tienen los consumidores, a los que
ahora se les quiere pedir el esfuerzo de pagar lo que ya están pagando (la
garantía de la disponibilidad), de que hasta la última peseta que se cobre para
la mejora del servicio se va a dedicar a ello y no a invertir en otros países o
en otros sectores? Por lo ya visto, ninguna.
Por otro lado, la OCU insiste en que
los consumidores residenciales ya están pagando un precio medio por kWh muy
superior al que pagan los grandes consumidores que son los únicos que pueden
negociar el precio de la electricidad que consumen (17,36 ptas/kWh de los
primeros frente a 3,68 ptas/kWh los segundos) . Ello determina que el servicio eléctrico para el tramo habitual de consumo se sitúa en España entre los más caros de nuestro entorno europeo (teniendo siempre en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos de cada país).
La OCU lamenta que ante estos hechos
los poderes públicos miren hacia otro lado y no asuman el control de una
situación que, por desgracia, amenaza con acabar con el triunfo de las
injustificadas demandas de las compañías. A juicio de la asociación de
consumidores, una vía más eficaz es el incremento de la capacidad de
interconexión con los países vecinos (Francia y Portugal, sobre todo),
hoy totalmente descuidada, y que abriría la posibilidad de una mayor
competencia y precios más bajos .
Por otro lado, la OCU, sin poner en
discusión el derecho de los consumidores a reclamar por los graves perjuicios
padecidos y animando a ejercerlo, sale al paso de las expectativas sobre el
posible final feliz de esas reclamaciones. Ante el talante manifestado por las compañías acerca de la responsabilidad de la situación, las posibilidades de conseguir una solución amistosa o por medio de la mediación o el arbitraje son más bien escasas y las de hacerlo por la vía judicial (único camino alternativo) se alejan en el tiempo y apuntan a un elevado coste.
Es hora ya de que la administración
comience a aplicar eficazmente el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en
el que se reconoce el derecho a una indemnización a los consumidores en este
tipo de situación.
