En el borrador de dicho proyecto la oferta vinculante pierde su carácter obligatorio y sólo lo será a petición expresa del cliente, lo que supone una clara reducción de las garantías del consumidor con respecto a la Orden del 94. Entre éstas cabe destacar la verificación notarial y la advertencia al prestatario de las diferencias existentes entre la oferta vinculante y las cláusulas del contrato.

El Director de la OCU José María Múgica señaló a este respecto que "la pretensión del proyecto de mantener la oferta vinculante, sólo a petición del cliente, perdiendo por tanteo el carácter de obligatoria, y sin la existencia de un mecanismo de renuncia formal previa, va a suponer en la práctica la desaparición de este mecanismo de información al consumidor".

El presidente de ADICAE, Manuel Pardos ha manifestado la necesidad de que la armonización de la legislación española con el código de buenas practicas europeo, no pueda suponer de ningún modo, una rebaja de las garantías de protección que concede la normativa española hasta ahora.

Si esta normativa se aprueba, el consumidor no tendrá forma de defenderse de las modificaciones unilaterales de la oferta hipotecaria de una entidad de crédito, ya que la "información personalizada" previa no tiene carácter vinculante, y el consumidor no tendrá forma de probar que solicitó la oferta vinculante, con lo que en la practica queda en manos de la entidad la decisión de facilitar o no esta oferta, pudiendo llegar a suceder que se "informe" al consumidor de unas determinadas condiciones y se le apliquen otras bien distintas, con el consiguiente perjuicio que esto supone. El acceso a una vivienda digna, es ya de por si complicado para la gran mayoría de los consumidores. Por tanto si se aprueba la orden se habrá que añadir a las dificultades del mercado de la vivienda, los inconvenientes para encontrar una financiación adecuada y con garantías.

La OCU y ADICAE se han dirigido por escrito a los Ministerios de Sanidad y Consumo y Economía a fin de que se reconsidere la redacción actual del proyecto de modificación de la orden sobre transparencia de prestamos hipotecarios, y se mantenga el nivel existente de protección de los legítimos intereses de los consumidores garantizando el derecho a la información.

Ambas organizaciones creen que la reforma de la legislación debe ser la ocasión de añadir algunas otras garantías suplementarias, como, por ejemplo, la advertencia obligatoria a los usuarios en la oferta de los mecanismos de resolución de conflictos legales en España, hoy por hoy, poco conocidos para los usuarios.