Ley de Dependencia: lenta aplicación

El Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Saad) ha informado de que en España hay muchas personas con grados de dependencia reconocidos pero que a comienzos de 2010 aún no están recibiendo la prestación, algo que en su momento ya denunció la OCU.

En los tres primeros años de implantación de la Ley de Dependencia, han solicitado la valoración más de 1,2 millones de personas. De ellos, el 73%, tiene derecho a prestación, pero son muchos los que aún no reciben las ayudas previstas en la Ley de Dependencia.

De acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, los dependientes de los grados II y III (personas con dependencia grave o severa), deberán recibir las ayudas antes del 2011. A partir de ese año 2011 empezarán a percibirlas los dependientes de grado I, o dependencia moderada. Sin embargo, hay cerca de 260.000 personas dependientes de grado 2 y 3 que en enero de 2010 aún no han empezado a percibir su prestación.

Es el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Saad), dependiente del IMSERSO, quien facilita estos datos, que ponen de relieve la lenta aplicación de la Ley de Dependencia, algo que ha denunciado la OCU en distintas ocasiones.

Diferencias entre Comunidades Autónomas

Según los datos del Saad, en la aplicación de la Ley de Dependencia se aprecian desigualdades entre las Comunidades Autónomas. Canarias, Baleares, Madrid, y la Comunidad Valenciana son las que tienen más personas sin recibir la prestación, en relación a su población. Las Comunidades donde mejor se gestionan las ayudas son País Vasco, Andalucía y La Rioja.

Los dictámenes, más rápidos

De acuerdo con los mismos datos, en los últimos meses los dictámenes de valoración de grado de dependencia se están haciendo con mayor agilidad. Se han realizado el 89,5% dictámenes de las solicitudes recibidas, aunque de las 1.200.000 solicitudes, todavía quedan alrededor de 150.000 personas sin valorar.

Las ayudas, sobre todo económicas

Casi la mitad de las ayudas recibidas en el marco de aplicación de la Ley de Dependencia son de tipo económico para cuidados en el entorno familiar, cerca del 20% de las ayudas son de atención residencial, un 10% corresponde a la ayuda a domicilio, y un 9% a la teleasistencia.

La OCU informó al Defensor del Pueblo

Los resultados que ha hecho públicos el Saad están en muchos aspectos en consonancia con el informe que, el pasado mes de marzo, presentó la OCU al defensor del pueblo. El informe, elaborado a partir de una encuesta, ponía de manifiesto un retraso en la gestión de las ayudas: el 50% de los encuestados se quejaba de los retrasos a la hora de recibir las prestaciones, el 45% de los retrasos a la hora de las valoraciones, y se hacían presentes las diferencias por comunidades.

Ley de Dependencia: muy lenta implantación

La Ley de Dependencia, con la que se pretende dar respuesta a situaciones realmente graves, pierde en buena medida su efectividad por la lentitud de su aplicación, tanto en el reconocimiento de la dependencia como en el reparto de las ayudas.

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha previsto reducir los plazos en los trámites de la Ley de Dependencia.

• Fijando en tres meses el tiempo máximo para realizar la valoración de la persona que lo solicita (cuando hasta ahora, en algunos casos han pasado los 15 meses, y según la encuesta de la OCU la media de espera de 8 meses).
• Estableciendo el plazo para presentar a los dependientes su plan de ayudas a las que pueden acogerse.

No obstante, eso no basta: aunque se haya agilizado el plazo de valoración de la dependencia, la percepción de las ayudas por parte de los afectados sigue siendo muy lenta, lo que afecta a miles de dependientes.

Desde la OCU instamos a aquellas Comunidades Autónomas mas retrasadas en la implantación de la Ley de Dependencia a que agilicen los ritmos de valoración y concesión de prestaciones para así cumplir los objetivos previstos.