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La OCU se ha dirigido a los representantes de los grupos parlamentarios pidiéndoles que adopten iniciativas destinadas a regular el ejercicio del derecho de huelga, tal y como se reconoce en la Constitución, es decir, en términos compatibles con el correcto funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Al mismo tiempo, expresamos nuestro malestar por el comportamiento de algunos sectores, que convierten una legítima medida de presión en un auténtico chantaje del que son víctimas los ciudadanos (que además ven que es prácticamente imposible reclamar los importantes perjuicios que la huelga les ocasiona).
Una completa regulación del derecho a la huelga, que respete los intereses de la comunidad, es una petición recurrente de la OCU. Para nuestra organización, es imprescindible que una norma garantice el mantenimiento de servicios esenciales de la comunidad y evite los abusos de colectivos de trabajadores de algunos sectores estratégicos, y por eso la incluimos entre nuestras prioridades en materia de consumo