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Huelga de transporte: los consumidores no deben pagar las consecuencias

La OCU pide al gobierno que adopte soluciones para evitar problemas de suministro y el desabastecimiento de bienes necesarios para los consumidores.

Una vez más, asistimos a un caso en que el ejercicio del derecho a la huelga pasa de ser una medida de presión para convertirse en un chantaje y, una vez más, son los consumidores quienes llevan la peor parte.

La OCU reconoce el derecho de todos los trabajadores a la huelga, pero recuerda que, la propia Constitución, en el mismo artículo en que reconoce este derecho (art. 28), establece limitaciones, al indicar que deben establecerse las garantías necesarias para asegurar que se mantengan lo servicios esenciales para la comunidad.

La huelga convocada por los transportistas, de continuar así, dará lugar a auténticos problemas por falta de suministros, desabastecimientos en supermercados, gasolineras, etc. Desde la OCU, nos oponemos a las pretensiones de los huelguistas (un gasóleo más barato es algo discriminatorio, y establecer unos precios mínimos en el transporte va en contra de las leyes y de la lógica del mercado). Pero también exigimos al gobierno que adopte soluciones para paliar las consecuencias de esta situación, estableciendo las medidas necesarias para garantizar el suministro, y le pedimos que tenga presente que los consumidores no deben pagar las consecuencias de esta huelga.