La misión de la Organización Mundial del Comercio debería consistir en fomentar los intercambios por medio de una mayor liberalización, en favorecer una disminución de precios y en incrementar la calidad de bienes y servicios en interés de los consumidores a través del respeto de los derechos fundamentales de éstos últimos.

Este tema concierne a los consumidores, ya que la apertura de los mercados puede ofrecerles una serie de ventajas innegables, tales como una disminución de los precios y una oferta más amplia y de mejor calidad.

Sin embargo, una amplia liberalización conlleva igualmente una serie de riesgos potenciales para los consumidores. Las exigencias comerciales pueden, en efecto, afectar a los derechos fundamentales de los consumidores en materia de seguridad alimentaria, de suministro de productos esenciales (alimentación, medicamentos), de acceso a servicios de interés general (agua, luz, telecomunicación...) o medioambiental.

Hay que analizar detalladamente las dificultades que presenta la mundialización sobre el desarrollo de la política de protección de los consumidores. El derecho a la seguridad, a la información, a la elección, a la representación, al recurso, a la educación, a la satisfacción y a un medio ambiente saludable, son derechos fundamentales de los consumidores que deben ser respetados en el mundo entero.

Abogamos, entonces, por la creación de un vínculo más estrecho entre la política comercial y la política de defensa de los intereses de los consumidores, para que éstos puedan beneficiarse de la liberalización y no tener que sufrirla.

1. Una mayor liberalización, en principio, favorece a los consumidores, contribuyendo a una disminución de precios y a un aumento de la calidad y de la elección de bienes y servicios.

2. Sin embargo, cualquier nueva ronda de negociaciones comerciales debe reforzar necesariamente los derechos fundamentales de los consumidores, a saber:
- el acceso garantizado a los productos y servicios esenciales (servicios universales);
- la seguridad de los productos, principalmente la seguridad alimentaría (sobre todo por medio de una aclaración y un refuerzo del principio de precaución y el mantenimiento de normas nacionales más rigurosas, si no, se trata de un proteccionismo encubierto);
- una información a los consumidores lo más amplia posible (principalmente a través de un etiquetado claro y preciso);
- la reparación del perjuicio eventualmente sufrido (a través, principalmente, de la primacía, para el consumidor, de la ley del país de residencia);
- el derecho a un medio ambiente de calidad: esto implica, sobre todo, asociar a las organizaciones de consumidores con las futuras negociaciones sobre la liberalización mundial.

3. Antes de empezar una nueva ronda de negociaciones, sería oportuno evaluar el impacto que el "Uruguay Round" ha tenido sobre los derechos fundamentales de los consumidores y los beneficios obtenidos por estos últimos.

4. Abogamos por un ciclo global de negociaciones donde estarían representadas principalmente, las asociaciones de consumidores y donde se trataría sobre una mayor liberalización de los sectores agrícola, textil, servicios e industrial.

5. En lo que al sector agrícola se refiere, la próxima ronda de negociaciones debe llevar a una disminución de las barreras comerciales, tanto en Estados Unidos como en Europa. La PAC debería reformarse con el fin de poner a disposición de los consumidores unos productos menos costosos y de mejor calidad y de participar en una gestión más sostenible del medioambiente. Además, los gobiernos deben conservar la posibilidad de tomar medidas no discriminatorias basadas en el principio de precaución en materia de salud, de seguridad alimentaria y medioambiental.

6. En el sector textil, la Unión europea debe acelerar la forma de concretar sus compromisos, con el fin de suprimir el acuerdo multifibras y de favorecer el acceso al mercado europeo de los países menos avanzados (PMA).

7. El sector de los servicios debe estar incluido en las negociaciones, incluyendo el transporte aéreo y marítimo y los servicios financieros. Una mayor liberalización en este ámbito daría lugar a una disminución de los precios, una mejora cualitativa por parte de los prestatarios de dichos servicios y una ampliación de la elección de los operadores. Pero la liberalización de este sector, en ningún caso puede perjudicar al derecho de acceso universal de los consumidores a los servicios esenciales y a los derechos fundamentales, incluidos en el punto 2.

En este sentido, abogamos firmemente por que el ámbito de aplicación del acuerdo general sobre la liberalización de servicios (GATS), no se extienda a la salud y a la educación y que el sector cultural pueda continuar siendo objeto de un trato preferente por parte de los Estados, con el fin de preservar la diversidad cultural del mundo.

8. El comercio electrónico puede volver a formar parte del GATS, pero cualquier liberalización de este sector debe ofrecer al consumidor la protección otorgada por la legislación de su país de residencia y el derecho a presentarse ante los tribunales de este mismo país.

9. Estamos a favor de la integración de la política de competencia en el marco de discusión de la OMC, con el fin de instaurar toda una serie de mecanismos eficaces, encaminados a controlar las prácticas comerciales restrictivas y a impedir monopolios o posiciones dominantes.

10. El marco institucional de la OMC debe revisarse y su transparencia debe incrementarse sensiblemente. Las asociaciones de consumidores (principalmente) deben implicarse en las negociaciones al mismo nivel que la industria y deben participar en la resolución de discrepancias que conciernen a los consumidores.

11. Paralelamente a los trabajos de la OMC, solicitamos una reflexión sobre la posibilidad de recursos efectivos cuando se pongan en cuestión los intereses colectivos de los consumidores en el ámbito internacional.