La OCU se opone a las presiones para poner fin a la moratoria sobre los productos transgénicos
Hasta que no se adopte una normativa comunitaria sobre etiquetado y trazabilidad de los OGM.
La OCU quiere mostrar su más profunda
preocupación y su indignación ante la postura defendida por el Ministro de
Agricultura del Gobierno Español en el último Consejo de Ministros del ramo de
la UE celebrado el pasado 26 de mayo en Bruselas y, en particular, por la
posición de España a favor del fin de la moratoria europea para la aprobación de
nuevos organismos genéticamente modificados (OGM) en la UE, moratoria desafiada
en estas últimas semanas por los EEUU.
A tan sólo unos meses de la aprobación de la futura normativa
sobre trazabilidad y etiquetado de los OGM, la OCU estima que es incomprensible
y totalmente inaceptable tanto el desafío lanzado ante la OMC por parte de los
EEUU y otros países como Canadá, Argentina o Egipto, así como la actitud servil
de algunos Estados Miembros de la UE (en concreto España, Reino Unido, Irlanda,
Holanda, Finlandia y Suecia) de querer poner fin, de forma precipitada, a la
actual moratoria de hecho sobre los OGM. Lo único que se conseguirá será
desbaratar los esfuerzos realizados hasta la fecha para desarrollar nuestra
propia política comunitaria en esta materia.
El Presidente de la OCU, Carlos Sánchez-Reyes, ha declarado que "la OCU no se opone a la producción y a la comercialización de alimentos y de ingredientes alimentarios procedentes de plantas genéticamente modificadas en Europa, ni a la liberalización comercial como tal. Sin embargo, defiende con firmeza el hecho de que la política comunitaria sobre los OGM respete las preocupaciones medioambientales y de los consumidores de la UE y que estos últimos puedan realizar una elección informada en el momento de comprar alimentos. En ningún caso deseamos que se apliquen ni que se nos obligue a aplicar las actuales normas de otros países, en especial las de EEUU, en materia de OGM".
Por todo ello, la OCU se ha dirigido a los Ministerios de Sanidad y Consumo, y de Agricultura, a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso, así como a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pidiéndoles que no se ponga fin a la moratoria existente en la actualidad para la aprobación de nuevos OGM, al menos hasta la adopción de una normativa europea sobre su etiquetado y trazabilidad y que los consumidores puedan disponer de la más amplia información al respecto, respetando uno de sus derechos más básicos, como es el derecho a elegir.
La OCU no quiere que vuelvan a repetirse los errores del pasado ni que por culpa de poderosos intereses económicos y de una innecesaria precipitación, se adopte de nuevo una normativa como la que dio lugar, precisamente, a la actual moratoria sobre los OGM y a la profunda desconfianza que se ha generado en los consumidores.
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Izverniceanu
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