El pasado 4 de enero debían haber entrado en vigor las medidas relacionadas con la esperada Directiva Europea 2002/91 sobre Eficiencia Energética de los Edificios. Esta legislación se propone reducir el consumo energético en los inmuebles residenciales y terciarios mediante la implantación de unos requisitos mínimos de eficiencia en los edificios. También obligará a los promotores inmobiliarios a facilitar a los compradores información sobre el consumo de energía de la vivienda que está adquiriendo. Sin embargo, la norma es poco concreta y deja sin definir de forma numérica esos requisitos mínimos.
