La Audiencia Provincial confirma la sentencia a favor de OCU contra las franquicias de Opening

La Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia del Juzgado nº 8 de Madrid que estimaba íntegramente la demanda presentada por la OCU contra 41 franquicias de la cadena de Academias de inglés Opening y contra cuatro entidades financieras (BBVA Finazia, S.A.; Eurocrédito, S.A.; BSCH y Pastor Servicios Financieros).

La demanda presentada por la OCU se dirigió no sólo contra las franquicias de Opening que cerraron sus puertas sino también contra las entidades financieras que siguieron cobrando a los alumnos a pesar de aquel cierre. Los principales aspectos de la sentencia son:

• Declara resueltos tanto los contratos de enseñanza de las academias como los contratos de financiación vinculados a los anteriores. Como consecuencia de ello, los alumnos no tendrán que pagar a las financieras las mensualidades desde que se dejaron de impartir las clases por parte de las franquicias de Opening y obliga a las entidades financieras a devolver las cantidades indebidamente cobradas a los alumnos.

• Condena a las entidades financieras a que cancelen los datos de los alumnos incluidos en los registros de morosos.

• Por último, extiende los efectos de esta sentencia a todos aquellos alumnos afectados no incluidos en la misma pero que cumplan los requisitos recogidos en la resolución.

Esta sentencia, contra la que, por razón de cuantía, no cabe recurso alguno, una vez que la Audiencia declare su firmeza, puede ejecutarse en el plazo de 20 días. La OCU pedirá esta ejecución para los incorporados a la demanda. Quienes no estén incluidos en ella y cumplan los requisitos (contrato con alguna de las 41 franquicias de Opening denunciadas y financiación por parte de alguna de las cuatro entidades financieras vinculadas) podrán pedir al juez que la sentencia surta efectos también para ellos.

La resolución de la Audiencia Provincial confirma las tesis defendidas por la OCU y deja clara la actitud abusiva de las entidades financieras que, amparadas en su posición de dominio frente al consumidor, pretendían seguir cobrando a los alumnos por un servicio que ya no estaban recibiendo. Además, deja en evidencia la ineficacia de las Administraciones de Consumo, que fueron incapaces de articular una solución que garantizara los derechos de los más de 45.000 alumnos afectados.

Esta sentencia puede tener importantes efectos en los otros procedimientos judiciales abiertos en la actualidad contra diversas Academias de enseñanza y puede ayudar a resolver de forma definitiva un problema que afecta a miles de consumidores.

Para más información Eva Jiménez, Teléfono: 917226061, o ejimenez@ocu.org